La vicegobernadora separada del cargo, Gloria Ruiz, se presentó hoy en tribunales con su abogado, Carlos Broitman, y formalizó una denuncia contra varios miembros del gabinete y otros legisladores. “He sido suspendida en mi función de vicegobernadora, con un hostigamiento, el atropello, y un nivel de violencia, todo para desacreditar mi nombre y mi honor. Vengo a presentarme ante la justicia para que me investiguen e investiguen a todos los miembros de la Legislatura y del Poder Ejecutivo en general”, expresó.

El abogado Broitman explicó que la denuncia es por asociación ilícita, abuso de autoridad, falsa denuncia, atentado al orden constitucional, lavado de activos y violencia de género. Alcanza a los diputados Ernesto Novoa, Guillermo Monzani, Francisco Lepore, Claudio Domínguez y Carina Riccomini.

Pero también está incluidos, Matías Nicolini –ministro de Seguridad–, Lucas Castelli –de Trabajo–, Julieta Corroza –ministra de Desarrollo Humano–, Rubén Etcheverry –ministro de Infraestructura– y Tanya Bertoldi –presidenta de UPEFE y legisladora nacional.

En la rueda de prensa posterior al trámite judicial, Ruiz explicó que concurrió a la Fiscalía para pedir que “me investiguen a mí, pero también a los miembros de la Legislatura” que votaron la separación del cargo.

Luego insistió en que fue víctima de un “atropello”, recordó que fue democráticamente “elegida por el pueblo neuquino” al tiempo que aseguró que los legisladores “entre gallos y medianoche me han suspendido”.

La ex intendenta de Plottier repitió varios argumentos ya utilizados: “esto es netamente político” manifestó y consideró que su acercamiento a funcionarios nacionales como Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel “tal vez molestó´”.

“Lo que han hecho es escandaloso; no nos merecemos este tipo de atropello. El pueblo neuquino no se lo merece”, remarcó.

El abogado, por su parte, sostuvo que “si es necesario, vamos a pedir la intervención de la provincia, porque esto no ayuda a las inversiones de Vaca Muerta, en las últimas horas Gloria ha recibido llamados hasta de inversores de Estados Unidos”, subrayó.

"Se violó la forma republicana de gobierno provincial", agregó en una expresión que no es casual dado que una de las causas de intervención federal de las provincias es violar el orden Constitucional. Este no es un dato aislado: "la inhabilidad moral requiere de sentencia judicial previa", expresaron constitucionalistas.

En sintonía, el letrado explicó que “se está vulnerando el debido proceso y los derechos fundamentales de mi defendida”. En la misma línea resaltó que “no se han presentado pruebas contundentes que justifiquen la suspensión de Ruiz”.

Broitman puntualizó que la acusación está “llena de inconsistencias” y el proceso de separación del cargo “plagado de irregularidades”.