Por Marcelo Rucci – Presidente de Meopp ART Mutual - Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

El sistema de riesgos del trabajo argentino ha demostrado ser una herramienta eficaz en la protección de la salud laboral. Desde su creación, salvó más de 19.000 vidas y evitó casi 4 millones de accidentes. Ofrece asistencia médica inmediata, rehabilitación, recalificación profesional y prestaciones económicas actualizadas. Sin embargo, hoy enfrenta una amenaza silenciosa pero profunda: la litigiosidad.

La paradoja es evidente. Mientras los índices de siniestralidad caen de forma sostenida, los juicios se disparan. En 2023, el índice de judicialidad alcanzó los 114,2 juicios cada 10.000 trabajadores, una cifra muy superior a la de otros países con sistemas comparables, como España o Chile. Lo más grave es que el 88% de estas demandas corresponde a casos sin incapacidad real o enfermedades no listadas.

Este fenómeno no sólo desafía la lógica, también altera el equilibrio económico del sistema. En muchas jurisdicciones, los tribunales aplican criterios de actualización y tasas de interés que multiplican los montos indemnizatorios de forma desproporcionada. Existen casos en los que una suma original de $200.000 termina, años después, convertida en un juicio por más de $30 millones. Esto genera un escenario de incertidumbre y presión financiera creciente.

Frente a este panorama, las aseguradoras deben adaptar continuamente sus estructuras de costos, afectando la previsibilidad y poniendo en tensión la sostenibilidad del sistema. Nuestro compromiso sigue siendo claro: garantizar atención integral, oportuna y de calidad al trabajador que la necesita. Pero también es necesario ordenar el componente judicial.

Una de las claves está en aplicar en todo el país los Cuerpos Médicos Forenses previstos por la Ley 27.348. Estos organismos, conformados por profesionales seleccionados por concurso y con honorarios fijos, aportan evaluaciones objetivas y homogéneas. Donde se implementaron, los niveles de litigiosidad descendieron de forma marcada.

Es tiempo de recuperar el círculo virtuoso: prevención, cobertura efectiva, procedimientos ágiles y costos razonables. Un sistema que brinde certezas al empleador y soluciones concretas al trabajador. Judicializar por judicializar no mejora la salud laboral. Por el contrario, la pone en riesgo.

En 2017, el aumento de la litigiosidad impulsó una reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, que estableció criterios claros para las indemnizaciones y dispuso la creación de un Cuerpo Médico Forense en cada jurisdicción. Sin embargo, la implementación de esta medida continúa demorada. Es fundamental que las provincias, a través de sus poderes judiciales, avancen con la conformación de estos cuerpos, tal como fue aprobado por sus respectivas legislaturas. La falta de acción podría generar consecuencias graves para la estructura productiva del país.

Defender lo que funciona implica también corregir los desvíos que lo amenazan. Preservar la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo no es sólo una cuestión técnica. Es una decisión estratégica para proteger el capital humano del país