El gobierno nacional, bajo el pretexto de detectar "irregularidades" en la gestión anterior, proyecta un drástico recorte de alrededor de 400 mil pensiones por invalidez laboral para fines de este año. Esta cifra, revelada por fuentes oficiales, duplica la estimación inicial y representa un tercio del total de beneficiarios actuales. La medida, impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y su titular, Diego Spagnuolo – el mismo funcionario que previamente utilizó términos despectivos hacia el colectivo – busca generar un "ahorro" de 900 mil millones de pesos para las arcas del Estado.

La poda masiva se basa en los resultados de una auditoría en curso, cuyo proceso ya ha generado controversia. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció la semana pasada que casi el 50 por ciento de las personas con discapacidad auditadas – un universo inicial de más de 200 mil – nunca fueron debidamente notificadas del proceso debido a problemas con los domicilios declarados.

Lejos de ofrecer soluciones alternativas, la decisión inicial sería suspenderles el cobro de sus pensiones.

Según el informe de Francos, de las 470 mil cartas documento enviadas por la Andis hasta abril para notificar a los beneficiarios, 222.607 no llegaron a destino. La empresa de correos privada Andreani, que ganó una licitación de 13 mil millones de pesos para este servicio, es la encargada de las notificaciones. La auditoría continuará hasta alcanzar a los 1,2 millones de personas que perciben pensiones no contributivas en el país, con un ritmo de envío de 300 mil notificaciones mensuales.

Paralelamente a las bajas por falta de notificación, la reducción se completará con aquellos beneficiarios que, a pesar de ser auditados, no superen los exámenes médicos de la Andis o no logren acreditar la necesidad de la pensión por no tener empleo. El gobierno insiste en que la auditoría revelará supuestas "irregularidades" de la gestión anterior, aunque hasta el momento solo se han mostrado casos aislados que no justifican la magnitud del recorte planificado.

La Andis ha dado amplia difusión a casos puntuales de supuestas irregularidades, como personas fallecidas, presos o prófugos que seguían cobrando, intentando justificar los recortes como una medida para eliminar "excesos" y "gastos injustificados". Sin embargo, el caso más publicitado inicialmente resultó ser una "fake news", cuando el vocero presidencial mostró una radiografía falsa para ejemplificar un intento de fraude que, en realidad, había sido detectado y rechazado por los propios médicos del organismo.

Ante este panorama, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la discapacidad han alzado su voz. La Ong Alapa presentó un recurso de amparo para frenar el proceso, denunciando que "degrada la dignidad humana" de las personas con discapacidad, obligándolas a completar trámites complejos y realizar largas filas sin considerar sus particularidades. La organización también critica la falta de protocolos claros y la ausencia de participación de las familias y organizaciones del sector en el diseño de la auditoría.

El diputado Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, denunció que la Andis recibió una "pauta de ajuste" del Ejecutivo y está intentando alcanzar ese número "llevándose todo por delante". Calificó la situación como "cruel e innecesaria", señalando que lo lógico hubiera sido evaluar caso por caso las pensiones mal otorgadas en lugar de someter a 1,2 millones de personas a la desesperación.

Arroyo impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia en el área de discapacidad, buscando reasignar partidas y apoyar a los prestadores de servicios de salud, transporte, educación y rehabilitación, quienes también se ven gravemente afectados por el ajuste. La oposición logró emplazar el proyecto en la comisión de Presupuesto, y se espera un dictamen definitivo en los próximos días. Para el miércoles se prevé una marcha de prestadores y familias frente al Congreso para exigir la aprobación de la iniciativa.

La controversia en torno a la auditoría y el masivo recorte de pensiones por discapacidad pone de manifiesto la tensión entre el ajuste fiscal propuesto por el gobierno y la protección de los derechos de un sector vulnerable de la población.