La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continuará su actividad el próximo jueves 2 de febrero, a las 11, con el testimonio de los autores de los 14 expedientes que se analizan en el marco del proceso a los cuatro integrantes de la Corte Suprema.
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continuará su actividad el próximo jueves a las 11 con el testimonio de los autores de los 14 expedientes que se analizan en el marco del proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, de los cuales cinco son de diputados nacionales, dos de una senadora y siete de particulares.
Los diputados que expondrán sobre sus expedientes serán Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés, por los tres expedientes tramitados por el oficialismo, en el primer caso contra Carlos Rosenkrantz, y en los dos restantes contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, y Paula Oliveto, por los dos escritos impulsados por la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti.
La senadora Juliana di Tulio, del Frente de Todos, hará lo propio en relación a los dos expedientes que impulsa contra los cuatro miembros y Rosatti en particular.
En cuanto a los particulares, estarán representantes de la Asociación Argentina de Juristas, que solicitó juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte, y de la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, que lo hizo contra Rosenkrantz y Lorenzetti.
Los particulares Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Patricia Isasa darán sus fundamentos en relación al pedido que realizaron contra los cuatro integrantes, y Pablo Llonto y Diego Sánchez lo harán sobre los escritos presentados en relación al desempeño de Rosattti.
En cuanto a las causales que se abordarán se enumeran el fallo sobre la coparticipación federal y el que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Se cuestiona el fallo para aplicar el cómputo de "2x1" a un represor de la última dictadura militar y se considera que existe una serie de "incumplimientos y desmanejos" en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).
También hay acusaciones contra Rosenkrantz por sus intervenciones en causas en las que estaban involucradas empresas para las que había trabajado como abogado defensor.
