El Gobierno nacional anunció una reforma migratoria que endurecerá los requisitos para la residencia de extranjeros y facilitará los procesos de deportación. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la medida se implementará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará próximamente en el Boletín Oficial.
Esta iniciativa, respaldada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, busca reinstaurar algunas disposiciones del DNU 70/17 del gobierno de Mauricio Macri, que fue derogado en 2021.
Detalles de la reforma migratoria
La reforma, impulsada por el presidente Javier Milei, pretende introducir cambios significativos en la política migratoria del país. En su discurso durante la Apertura del 143° período de Sesiones Ordinarias, Milei defendió la necesidad de estos ajustes para consolidar un país «serio».
Uno de los aspectos más destacados del decreto es la propuesta de que los extranjeros no residentes asuman los costos de la atención en hospitales públicos nacionales. Aunque aún no se conocen todos los detalles, se especula que podría extenderse a otros servicios, como la educación.
Estadísticas sobre población carcelaria extranjera
El último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) reveló que el 6% de la población carcelaria en Argentina está compuesta por extranjeros, principalmente de países limítrofes y Perú. En el Sistema Penitenciario Federal, el porcentaje de extranjeros asciende al 16,1%, siendo la mayoría de Paraguay, Bolivia y Perú. En la provincia de Buenos Aires, el número de extranjeros en cárceles representa el 45% de la población carcelaria.
Controversias y antecedentes legales
La intención de revivir aspectos del DNU 70/2017 ha generado polémica debido a que fue declarado inconstitucional por sus restricciones a los derechos humanos de los migrantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había señalado que los procedimientos migratorios deben garantizar el debido proceso y acceso a la justicia. Las críticas se centraron en la falta de tiempo para presentar recursos y en la atribución exclusiva de decisiones a la Dirección Nacional de Migraciones, sin revisión judicial.
