La Confederación Mapuce del Neuquén objetó los procedimientos en Villa Mascardi. "La remanida estrategia del garrote, ha causado dolor y muerte pero jamás trajo solución, ni aporto salida a nada. Solo aportó muerte por represión, como las vidas que se perdieron recientemente: Santiago Maldonado, Rafael Nawel, Elias Garay. Son muertes que esperan sean condenados sus responsables políticos y materiales", señala un documento.
"Los conflictos territoriales que el Estado ha causado a lo largo y ancho del territorio mapuce no se solucionan con represión y violencia. Se solucionarán con aplicación de derechos", agrega y afirma que 2El gobierno de Rio Negro no aplica la Ley 26160, ni cumple lo que indica la mismísima Constitución Nacional Argentina, que habla de “(...) reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y el registro de sus personerías jurídicas”. Incluso menciona claramente el acto de “(...) regular la entrega de otras -tierras- aptas y suficientes para el desarrollo humano”".
"Lejos de cumplir con las leyes que tanto le gusta nombrar, la gobernadora Carreras se suma a Bullrich y a Pichetto para fomentar el odio racial y la ignorancia. Mientras defienden a Lewis, apelando el fallo que condena al usurpador británico, tienen la caradurez de hablar de Soberanía. Por otro lado, la sobredimensión de los medios de comunicación muestra a la Patagonia como un “territorio ocupado por el terrorismo mapuche” para justificar la nueva militarización de los territorios comunitarios y generar la represión que garantice la propiedad privada de los poderes locales, que han hecho marchas pidiendo nuevos derramamientos de sangre mapuche", afirma.
Luego enfatiza: "En la Patagonia no existe el “conflicto mapuche”. Existe el conflicto generado por un estado dispuesto a perpetuar la deuda con el pueblo mapuche. No se cumple ninguna de las obligaciones que exige la ley a los gobernantes provinciales y federales. Unas de las principales, es la de generar políticas de restitución territorial a las miles de familias desterradas desde sus lugares de origen a las periferias más empobrecidas de las ciudades patagónicas, en particular a las que son empujadas a sumarse al tremendo cordón de pobreza de Bariloche".
"Por el contrario, el Estado Nacional hace su aporte a esta deuda eterna desguazando al INAI, que debe la implementación del Relevamiento desde hace 16 años y desplazando a Magdalena Odarda a pedido de los gobernadores. Como si todo esto fuera poco, ahora cree cumplir enviando un descomunal aparato represivo", reclama.
"Esta represión y violencia solo dejará satisfecha a una derecha cargada de odio, pero agrandará la herida que sigue abierta en el pueblo mapuche, y que hoy sangra aún más ante un gobierno “nacional y popular” que se une en el objetivo de reprimir junto a esta derecha, la más cargada de violencia racial que ha surgido en el país", afirma finalmente.