La audiencia se inició con la presencia de unas 20 personas, en su mayoría integrantes del pueblo mapuche. "La RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) existe y resiste", gritó cuando ingresó a la sala. Rechazaron el pedido de nulidad del juicio presentado por su defensa.
Por Santiago Rey
El juez federal Gustavo Villanueva resolverá el próximo martes 1° de agosto si concede la extradición de Facundo Jones Huala solicitada por Chile, mientras que este jueves fue rechazado un planteo de nulidad presentado por la defensa, en la primera jornada del juicio celebrado en el Escuadrón 36 de Gendarmería, en la ciudad neuquina de Esquel.
Durante la audiencia, Huala se definió como un "combatiente" de la causa mapuche, se reivindicó como "revolucionario" y acusó a los poderes económicos, políticos, judiciales y mediáticos de "perseguir y asesinar" a los miembros de ese pueblo originario.
La defensa de Jones Huala criticó que el juez rechazara la presentación de pruebas porque esa decisión, sostuvieron sus abogados, impidió "probar los argumentos que veníamos a plantear" para sostener jurídicamente el rechazo a la extradición.
"Hemos asistido a un proceso en el que la defensa comparece atada de pies y manos, amordazada", se quejó uno de los abogados defensores, Eduardo Soares.
En las audiencias preliminares, el juez Villanueva había justificado su decisión de no avalar las pruebas de la defensa por tratarse, según determinó, de una reiteración de planteos en relación al juicio de extradición previo, realizado en 2018.
Así, la actividad se inició con un pedido de nulidad de los letrados de la defensa del 'lonko' (jefe de una comunidad o grupo de familias) -Soares y Gustavo Franquet-, que fue rechazada por el magistrado que subroga el Juzgado Federal de Bariloche, donde tramita el expediente.
La audiencia comenzó a las 10.04 y finalizó pasadas las 14.15, y durante ese lapso Jones Huala estuvo acompañado por una veintena de personas entre miembros de diversas comunidades mapuche-tehuelches y representantes de organismos de derechos humanos.
El pedido del Estado chileno
El imputado es requerido por el Estado chileno para que complete la pena de 9 años de prisión a la que fue sentenciado en 2018 por la Sala de Juicio Oral de la ciudad de Valdivia, que lo condenó por los delitos de incendio de un fundo en 2013 y tenencia ilegal de arma.
Según se informó desde la Justicia de Chile, le resta cumplir un año y cuatro meses de pena.
En febrero de 2022, el dirigente mapuche se fugó de Chile durante la prisión domiciliaria que le había otorgado un Tribunal intermedio del país trasandino -aunque esa medida fue revocada luego por la Corte Suprema de Justicia chilena- y permaneció casi un año prófugo.
El 30 de enero pasado fue detenido en la localidad rionegrina de El Bolsón, y unos días más tarde lo trasladaron a la Unidad Penitenciaria de Esquel.
"Viva la RAM, que existe y resiste", el grito de Huala
Al ingresar a la sala de audiencia, Jones Huala gritó "viva la RAM (siglas de Resistencia Ancestral Mapuche), que existe y resiste".
En el inicio del juicio, Soares reclamó la nulidad del proceso porque no se aceptaron las pruebas presentadas por la representación legal del dirigente mapuche.
El letrado le pidió al juez que acepte las pruebas de la defensa y advirtió que si eso no se produce se estaría generando un "peligroso antecedente" que pone en "situación de minusvalidez" a su cliente.
Pero la solicitud de nulidad fue desechada, y tras el rechazo se dio lectura a las pruebas aportadas por el Ministerio Público ejercido por el fiscal general Rafael Vehils Ruiz, a cargo de manera interina de la Fiscalía Federal de Bariloche.
El material probatorio consistía en documentación remitida desde Chile para pedir la extradición: se trata del pedido formal del Ministerio de Relaciones Exteriores y las actas judiciales que acreditan la pena de 9 años de prisión como también que su cumplimiento está pendiente.
A su turno, los abogados de Jones Huala insistieron en que no podían estructurar una defensa acorde al juicio por la negativa del magistrado a que presenten pruebas.
"Así cualquiera gana un juicio", cuestionó Soares y le reprochó al juez Villanueva que, junto al fiscal, "parecen un solo equipo".
"Usted -se dirigió a Villanueva- tiene que ser garante de las normas constitucionales y el derecho a defensa, pero no lo es".
Y agregó que el artículo 11 inciso 'e' de la ley que regula la extradición establece con claridad cuáles son los casos en los que debe rechazarse tal requerimiento.
Entonces, y como ejemplo de esos casos, señaló que el hecho de que el país requirente (Chile) "no ofrece resguardos y garantías del descuento de la pena" por el tiempo que Jones Huala pasó detenido en su territorio.
Franquet, por su parte, sostuvo que con las pruebas rechazadas por el Juzgado se pretendían demostrar violaciones a los derechos humanos, étnicos y políticos sufridos por el 'lonko' mapuche durante su estadía en la prisión chilena de Temuco, entre 2018 y 2022.
Con esos argumentos, los defensores Soares y Franquet -que integran La Gremial de Abogados e intervinieron en otros casos de resonancia política, como la detención del argentino exintegrante de las FARC Facundo Molares- solicitaron el rechazo de la extradición.
Tras los alegatos, Jones Huala hizo uso de su derecho a la palabra y durante más de 40 minutos defendió las acciones más radicales llevadas a cabo en Argentina y Chile y atribuidas a la lucha por la tierra del pueblo mapuche.
El detenido dijo ser un "combatiente y revolucionario" y anticipó nuevos y mayores conflictos hasta tanto "el Estado no dé una solución política" a los reclamos.
Además, Jones Huala lamentó no tener armas para ejercer las "acciones de autodefensa" y acusó al juez Villanueva de "tener en sus manos la sangre de Rafael Nahuel", ya que fue ese magistrado quien ordenó el operativo policial para el desalojo de la comunidad de Villa Mascardi en el que fue asesinado Nahuel por parte de un escuadrón del Grupo Albatros de la Prefectura, en noviembre de 2017.
"No les tengo miedo, no tengo miedo de ir preso ni de morir", desafió Jones Huala, integrante de la comunidad en Resistencia Cushamen, lugar donde despareció y 79 días después fue hallado muerto Santiago Maldonado, tras una intervención de la Gendarmería, también en 2017.
Precisamente, carteles con la cara de Maldonado, así como banderas mapuche y tehuelches, fueron llevadas al juicio y exhibidas al juez y al fiscal por varios de los asistentes al juicio.
Tras las palabras de Jones Huala y entre gritos de disgusto de los presentes, Villanueva anunció que la sentencia será informada el próximo martes 1° de agosto, fecha que coincidirá con los seis años de la desaparición de Santiago Maldonado.
