Sostuvieron una lucha durante más de 10 años para cuidar a sus hijos, que les contaron que sufrían abuso sexual de parte de sus padres. Los juicios comenzarán en los próximos días.

Andrea Vázquez y Yama Corín son dos "madres protectoras" que llevaron adelante una lucha durante más de 10 años para cuidar de sus hijos, quienes les expresaron que sufrían abuso sexual por parte de sus progenitores, dos casos que llegan a juicios que comenzarán el 3 y el 8 de agosto.

Este jueves a las 9 arranca el juicio contra Pablo Ghisoni en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de Lomas de Zamora, y el próximo 8 de agosto será el turno del que tiene como acusado a Hernán González Rizzi, en el TOC N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires.

A Ghisoni se lo acusa del delito de abuso sexual contra dos de sus hijos y a González Rizzi por el mismo delito contra su hija Luna, ambos agravados por tratarse de sus progenitores, por la situación de convivencia y por ser realizados de forma reiterada, según consta en los dos requerimientos de elevación a juicio.

Andrea, madre de Tomás y de I.G (su nombre será resguardado por tratarse de un menor de edad), y Yama, mamá de Luna, son llamadas "madres protectoras", un nombre con el que se identifica a las que acompañan a sus hijas e hijos víctimas de violencia sexual.

Las dos mujeres consideran "histórico" que los casos hayan llegado a juicio, ya que se trata de uno de los delitos con menor tasa de condena. En Argentina se estima que de cada 1.000 abusos sexuales contra las infancias, solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena, según cifras aportadas por la organización Red por la Infancia.
"Lo primero que hay que comprender es que nosotras lo que hacemos es tratar de defender a nuestros hijos de una situación de extrema violencia como es un abuso sexual. Tenemos un dolor inmenso frente a esa realidad", señaló Corín, en una entrevista con Télam.

En este sentido, mencionó el duelo que tuvo que atravesar con respecto a su "propio rol de madre".

"La cultura nos educó que somos cuidadoras por excelencia. Y cuando fallamos genera un impacto: asumir nuestro propio duelo frente al ataque que recibió nuestra cría y que no pudimos evitar", explicó.

Yama detectó signos de un posible abuso hacia su hija de parte de su progenitor -de quien estaba separada hacía 8 años- cuando la niña tenía 9, lo cual fue confirmado por una terapeuta que consultó, lo que la llevó a radicar una denuncia penal en abril de 2012.

"A partir de ahí fueron 11 años de un condicionamiento absoluto por parte del aparato judicial sobre nuestra vida. Una persistencia pericial sobre nosotras, muchos años de evitar la revinculación", reconoció.

Las "madres protectoras" con frecuencia son tildadas de "locas", "mentirosas" e "interesadas" por alzar la voz en defensa de sus hijos y se las acusa de "llenarles la cabeza", a través de la figura del Síndrome de Alienación Parental (SAP) --un supuesto trastorno por el cual las infancias tendrían una "memoria implantada"-- que fue desacreditado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Hay estrategias desarrolladas por las defensas de los agresores sexuales que tiene que ver con colocar a esta mujer que está yendo a denunciar en pos del cuidado de su hijo en un lugar de loca, despechada, revanchista, que denuncia porque tiene algún otro objetivo", explicó Marina González, abogada de Corín, quien agregó que "hay ciertos sectores de la justicia que operan desde estos prejuicios".
Por esta acusación, Vázquez no pudo ver a sus hijos durante tres años luego de que en octubre de 2012 el Tribunal N° 3 de Familia de Lomas de Zamora la acusara del delito de "impedimento de contacto" e instalara definitivamente a los hijos en el domicilio del progenitor, mientras a ella le impuso una prohibición de acercamiento de 500 metros.

De este delito fue absuelta al año siguiente, pero recién en 2015 pudo restablecer el contacto con sus hijos y en 2016 volvió a convivir con dos de ellos.

"Las denuncias por impedimento de contacto recaen en su gran mayoría contra las madres que denuncian abusos sexuales, y pretenden ser utilizadas como un elemento disciplinante del cual se valen los presuntos agresores para criminalizarlas y amedrentarlas", indicaron a Télam Florencia Piermarini y Verónica Heredia, abogadas de Vázquez.

Sobre esta práctica, detallaron que se trata de "un tipo penal sancionado en 1993 a instancias del lobby de una agrupación que nuclea a los progenitores denunciados".

"Esos años fueron espantosos. Llegaban los fines de semana y yo sentía morirme porque no podía hacer nada. Dejé de trabajar. Al principio me dormía con toda su ropa para conservar el olor. Me la pasaba escribiendo cartas a organismos denunciando, pero como los fines de semana no había actividad me ponía muy mal", recordó Vázquez, en una conversación con Télam.

Andrea se separó en 2009 de quien era entonces su pareja, Ghisoni, y lo denunció por violencia hacia ella y sus hijos, pero cuando volvió a convivir con ellos en 2016 detectó signos de abusos sexuales.

Al tomar conocimiento de la situación del hijo menor de Andrea, que en ese momento tenía 7 años y hoy 14, la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Nora Schulman, denunció los hechos.
"Mientras que a él tardaron cuatro años en procesarlo, yo fui a juicio dos veces, me senté, estuve en el debate oral, me dictaron sentencia absolutoria y él nunca llegó hasta ahora", expresó Vázquez.

Para ella, el Poder Judicial "es más violento y más lesivo hacia nosotras y hacia nuestros hijos e hijas que los perpetradores porque es el instrumento mediante el cual esos pedófilos tienen el poder para dañarnos", y consideró que "si cumpliese con su deber los frenarían", pero "en cambio, lo que hace es legalizar situaciones".

A partir de sus vivencias Andrea y Yama se sumaron al pedido de una "reforma judicial feminista" con miras a un Poder Judicial que escuche a las infancias y no criminalice a las denunciantes. También exigen políticas públicas que den respuesta a esta problemática.

"Yo creo en la reparación. Pero esa vida va a depender de la intervención que se tenga: del modo en que se la escuche, del acompañamiento terapéutico, de que pueda estudiar, que tenga recreación. Esto tiene que estar al alcance de todas las personas, no solo las que puedan pagar profesionales. Por eso es importante que el Estado se haga cargo", resaltó Corín.

Ambas esperan una condena para los acusados, que los juicios brinden "un mensaje distinto, que es que organizadas sí podemos" y, sobre todo, el fin de un ciclo.

"Más allá de los temores y las emociones contradictorias, lo que más me emociona es pensar en el día después. Que Luna y yo nos reencontremos con la posibilidad de tener una vida sin un proceso judicial encima", concluyó Yama.