Los primeros integrantes del Grupo Albatros imputados en la causa intentaron deslindar responsabilidades sobre el origen del disparo que terminó con la vida de Nahuel. Los argumentos de la Secretaría de Derechos Humanos y los abogados de la familia, para desestimar las declaraciones de los uniformados.
Por Santiago Rey
Dos de los cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina aseguraron ser "chivos expiatorios" de sectores "corruptos y cobardes" del Poder Judicial y la política, señalaron que Rafael Nahuel murió por un disparo realizado por integrantes de la comunidad mapuche, en la segunda audiencia del juicio que se sigue en General Roca, Río Negro, por el asesinato de ese joven, ocurrido en noviembre de 2017, en medio de un conflicto por tierras en la localidad de Villa Mascardi.
Los imputados Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa hicieron uso de su prerrogativa de declarar y leyeron sus declaraciones por zoom desde Buenos Aires sin contestar preguntas ante los magistrados que integran el Tribunal Oral Federal de Roca.
Los acusados no permitieron preguntas, y centraron su estrategia en explicar que la contradicción en las pericias obrantes en el expediente no permite determinar de qué arma salió el disparo letal.
Sobre esa base, arriesgaron que Nahuel fue ultimado por un proyectil que provino de los propios miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu: "Recibió el balazo por la espalda y nosotros estábamos disparando de frente”, aseguraron.
Este argumento fue rechazado y desmentido por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la APDH Bariloche y la representación legal de la familia de Rafael Nahuel, que le confiaron a Télam que "ninguna prueba ni pericia obrante en el expediente permiten asegurar" que la víctima "murió de otra forma que no sea a causa de un disparo efectuado por los integrantes del grupo Albatros".
Este proceso oral y público comenzó este martes y la próxima semana se espera la comparecencia de nueve testigos pertenecientes a fuerzas de seguridad, que declararán en las dos audiencias que se llevarán a cabo el martes y miércoles.
La declaración indagatoria de Pintos -duró unos 20 minutos- comenzó con una contextualización política del hecho y el proceso de instrucción judicial, que le valió una advertencia del Presidente del Tribunal, Alejandro Silva.
Sin embargo, el uniformado insistió en explicar que los cinco imputados son “víctimas” y “chivos expiatorios” de un poder Judicial y político “corrupto” y “cobarde” que no adoptó las medidas necesarias para “terminar con el problema mapuche”.
De los jueces intervinientes en la causa -fundamentalmente de Gustavo Villanueva y Leónidas Moldes- dijo que son “miedosos” que “desde sus cómodos despachos no dudaron en meterme preso por una pericia trucha”.
Pintos hace referencia al resultado de la primera pericia balística que determinó de manera indubitable que el proyectil que mató a Nahuel provino del subfusil MP5 que portaba al momento del hecho. Tanto en la instrucción como en la indagatoria de este miércoles, el Albatros aseguró que no llevó esa arma durante la incursión a la comunidad mapuche.
Una segunda pericia balística, realizada por la Gendarmería, determinó que el proyectil no salió del subfusil MP5; mientras que una tercera pericia efectuada en un área especializada del Ministerio Público de la provincia de Salta señaló que la bala se correspondía con la pistola Beretta 9 mm que portaba el Cabo Primero Sergio Cavia.
“Hasta hoy se desconoce con qué arma. Los jueces no tienen el coraje de enfrentar como yo lo hice (a los mapuches), arriesgando mi vida. No tuvieron el valor de actuar como la Nación lo esperaba”, agregó Pintos.
Además, insistió en la existencia de un enfrentamiento con armas de fuego, al sostener que el grupo de Albatros salvó sus vidas "de milagro”, y admitió que, al verse superado en número y no tener efecto las maniobras “disuasorias” que intentó disparó al cuerpo de “tres personas”.
“Estaban detrás de los árboles, frente a nosotros. Efectué pocos disparos, solo cinco”, dijo y negó “rotundamente" haber actuado "en exceso de legítima defensa".
"Actuamos de acuerdo a la Ley”, alegó.
El prefecto tuvo además expresiones xenófobas contra el pueblo mapuche, y acusó a sus integrantes “hacer escraches, escupir, usurpar e incendiar”, y que, al momento de tomar contacto con ellos durante el operativo, “vestían ropas características de mapuche” y “gritaban en un idioma que no es el oficial de la República Argentina”.
Aseguró que aquella jornada del 25 de noviembre de 2017 cumplió con su deber, a partir de una orden judicial, y que lo hizo imbuido de “patriotismo” y contra “personas mapuche” que “desconocen la bandera” argentina y “tienen sus propios símbolos”.
“De ser condenado jamás me recuperaré, pero mi dignidad y honor estarán intactos. El arma que mató a Rafael Nahuel no está, y menos fue disparada por mí”, apuntó.
En un mismo sentido, el Cabo Sosa señaló que no mató “a nadie” y que “no existe certeza de qué arma disparó el proyectil que mató”.
“Tratan de inculparnos como sea”, se quejó, calificó de “irregular el proceso” y planteó que los Albatros sufrieron “atropellos" a sus derechos y garantías por la cobardía de quienes debían decidir en esta causa
Pidió finalmente a los jueces que “demuestren su valentía y no claudiquen ante un grupo de violentos que no dudan en incendiar, destruir y matar. Mientras no cumplan con su deber nuestra patria estará sometida a la violencia”, concluyó.
Los dichos de los uniformados fueron rechazados y desmentidos por las querellas y la representación del Ministerio Público, y Rubén Marigo, abogado de la familia de Nahuel, señaló a Télam que “no sorprende la insistencia sobre la existencia de un enfrentamiento, cuando claramente hubo un ataque por parte de los Prefectos contra los mapuche”.
Recordó que los Albatros dispararon más de 130 proyectiles de plomo, “mataron a Rafael Nahuel e hirieron a otras dos personas”.
“Han manifestado una posición política que es coherente con esta ideología que inventó en los mapuche a un enemigo interno, que también justificó la represión. Es un claro caso de violencia institucional”, concluyó.
