El fiscal de Delitos Económicos, Juan Narvaez, formuló cargos a un hombre por, junto a un grupo de personas, haber cometido estafas a través de la venta de terrenos y construcción de viviendas, por un total de $29.628.800 pesos y U$169.737, entre 2019 y 2022.

El imputado es A.N.C, quien de acuerdo con la teoría del caso que expuso la fiscalía durante la audiencia realizada ayer en la Ciudad Judicial, montó una empresa de construcción con dos oficinas y una estructura destinada a atraer clientes.

Se trata de Compac Viviendas, que en el plazo de tiempo indicado, tuvo dos sedes: una en J.J. Lastra 1200 y otra en Rivadavia 340, ambas de Neuquén capital.

Los hechos que le atribuyó el fiscal alcanzaron 11 operaciones, que se tradujeron en el delito de estafa, 11 hechos en calidad de coautor (artículos 172, 45 y 55 del Código Penal).

Narvaez describió que en todos los casos, la maniobra se reiteraba: se ofrecían distintas opciones de construcción y luego se pautaba la forma de pagos, que en general incluía un desembolso inmediato, en pesos o dólares, y cuotas hasta totalizar un porcentaje del valor total. Cumplidos los plazos en los que la empresa se había comprometido a comenzar o culminar la obra, según cada acuerdo, los y las clientas comenzaban a exigir avances de obra, pero era en ese punto que perdían contacto con el imputado. Al acudir a las oficinas, notaban que la empresa ya no existía.

Luego de precisar los montos del perjuicio producido, el titular de la fiscalía de Delitos Económicos describió además las dificultades para notificar al imputado distintos aspectos de la investigación. Esa situación derivó en que fuera detenido el día lunes, cuando A.N.C se presentó en la fiscalía luego de que fuera interceptado en la calle por una víctima.

En el marco de la investigación que lleva adelante, el fiscal explicó que resta analizar nuevas denuncias recibidas en las últimas semanas y, dada la complejidad del caso y la multiplicidad de víctimas, pidió al magistrado la definición del caso como asunto complejo.

Tras la formulación de cargos, a la que adhirió el querellante particular en representación de un grupo de damnificados, el fiscal del caso solicitó al juez de garantías una serie de medidas cautelares, para resguardar el proceso y evitar el no sometimiento por parte del imputado: prohibición de salir del país por 6 meses, una presentación semanal en la fiscalía y controles aleatorios, dos veces por semana, por parte de la policía, en un domicilio en la ciudad de Neuquén.

Por su parte, el querellante planteó los mismos riesgos, pero requirió al juez que impusiera 6 meses de prisión preventiva.

Tras escuchar a las partes, el magistrado que dirigió la audiencia tuvo por formulados los cargos, declaró el caso como asunto complejo y fijó un plazo de investigación de 1 año. Además, aplicó las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía.