Es acusado de intentar amedrentar a medios de transporte público, a la Casa Rosada, a un juez, al búnker de Unión por la Patria y al Congreso de la Nación. Fue embargado por 20 millones de pesos por el juez Julián Ercolini.

El joven acusado de realizar 34 amenazas de bomba, 16 de ellas a medios de transporte público, y otras a la Casa Rosada, a un juez, al búnker de "Unión por la Patria" y al Congreso de la Nación, fue procesado con prisión preventiva y embargado por 20 millones de pesos por el juez federal Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Facundo Maximiliano Martínez Radaelli, quien quedó detenido como presunto autor penalmente responsable del delito de "intimidación pública" en 34 oportunidades, "entorpecimiento del normal funcionamiento de los servicios de transporte" (16 de estos hechos) y "amenaza coactiva agravada" por su carácter anónimo, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Para la Justicia Martínez Radaelli fue quien efectuó la totalidad de las comunicaciones

Ercolini ordenó embargar al joven por 20 millones de pesos y comunicó su decisión a la Cámara Federal porteña, donde tramita un planteo de excarcelación aún no resuelto.

Radaelli "fue quien efectuó la totalidad de las comunicaciones" con amenazas de bomba, dio por probado el juez en la resolución.
Ercolini consideró como agravante que las amenazas fueron proferidas "en perjuicio de lugares sumamente concurridos, con gran circulación de personas y medios de transporte, o afectados al normal desenvolvimiento del proceso electoral nacional, como las realizadas contra la Casa Rosada, la Cámara Electoral, el Congreso de la Nación y el búnker del partido "Unión por la Patria".

El detenido "pretendió infundir temor público y suscitar tumultos y desórdenes, al prever el impacto que los procedimientos y alertas generadas tendrían en la población en general y en las personas particularmente afectadas por las inspecciones", advirtió el magistrado.

Los llamados se sucedieron desde el 13 de agosto y 9 de noviembre último -día en que Radaelli fue detenido- y en todos los casos se hicieron al servicio de atención de emergencias 911 desde cinco líneas telefónicas.

Todos "tuvieron por finalidad aterrorizar a la población, infundir temor público y suscitar tumultos y desórdenes, al haber dado voces de alarma y amenazado con la comisión de delitos de peligro común; en concreto, al dar aviso de la colocación de artefactos explosivos en distintos lugares", añade el fallo.

Los argumentos del juez
En un tramo de la resolución, el juez dio por acreditado que Radaelli fue quien "amenazó de manera anónima" al juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, Ariel Lijo, "con el propósito de amedrentarlo y obligarlo a que cesara con la investigación que estaba llevando a cabo a su respecto".

"Aproximadamente a las 14.40 hs. del día 1 de noviembre lo llamó a su teléfono desde la línea, se identificó con un nombre de pila que no fue comprensible y con el apellido "Zalazar", para expedirse de manera intimidante contra la vida del Dr. Lijo al decirle: "dejá la causa de la Rosada que te vamos a matar", describió el magistrado.

También para Ercolini se encuentra probado que amenazó de manera anónima a Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación, y a Nelson Cirilo O'Brien, director de Supervisión y Control Financiero de Transporte Automotor de ese ministerio, mediante mensajes enviados través de la plataforma WhatsApp.

De la pesquisa llevada a cabo por expertos informáticos de la Policía Federal Argentina (PFA) surgió que para la realización de los llamados Radaelli utilizó distintas líneas telefónicas móviles y colocó en dispositivos y/o equipos informáticos la aplicación T-Phone de la empresa Telecentro S.A., en la que se valió de usuarios de esa plataforma, con los datos registrales de los titulares de esos servicios y las respectivas contraseñas.

Esa información, advirtió el juez, le fue provista por otras dos personas que también fueron detenidas en la causa, Matías Nahuel Danko y Leandro Javier González, quienes a través de un comercio en el que trabajaban se dedicaban a esa clase de maniobras.

Si bien en la causa el juez estableció esta colaboración, dijo que no pudo acreditar que esos dos hombres estuvieran relacionados con las amenazas, por lo que les dictó la falta de mérito.
Las pruebas
En tanto, en el fallo, el juez mencionó otras pruebas obtenidas contra el acusado Radaelli, entre ellas la coincidencia entre los movimientos de su tarjeta SUBE y los desplazamientos de una de las líneas telefónicas empleadas para las amenazas.

En tanto, el 9 de noviembre pasado, cuando el joven fue detenido y su casa de la localidad bonaerense de Llavallol, los pesquisas advirtieron que en unas paredes del domicilio había una inscripción con aerosol que decía "LMDH", siglas que coinciden con la frase "La Mafia del Hentai" -en alusión a un animé japonés XXX- a la que había hecho referencia la persona que intimidó telefónicamente al ministro de Transporte de la Nación.

El acusado se negó a declarar al ser indagado y para el juez Ercolini, debido a su manejo de la tecnología, su excarcelación puede conllevar un riesgo para la investigación, por lo que consideró que debe permanecer bajo prisión preventiva, ya que "no se verifica en el caso la posibilidad de disponer medidas alternativas a la privación de la libertad en pos de asegurar la debida sujeción al proceso".