El fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, formuló cargos contra el actual concejal de Plottier, Sergio Luis Soto, en el marco de la investigación que lleva adelante por el uso y la disposición de transformadores con PCB por parte de la Cooperativa de Servicios Públicos de esa localidad. Al momento de los hechos investigados, Soto era presidente de la entidad.
Además, Breide Obeid acusó también a un capataz de la cooperativa, M.D.F. A Ambos les atribuyó haber puesto en peligro la salud de la población de Plottier por mantener colocados, en operación y acopiados, transformadores contaminados con PCBs (bifenilos policlorados).
Esa conducta se encuadra en el delito de contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 55 y 57 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal; y 45, también del Código Penal) en calidad de coautores.
Breide Obeid, quien participó de la audiencia junto a la asistente letrada Julieta González, aclaró que desde la fiscalía de Delitos Ambientales se entiende que “del hecho resultan además responsables otros miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa”.
En la causa también hay otros dos acusados: H.C.P, miembro titular del consejo de administración de la Cooperativa e imputado por el mismo delito que se atribuyó a los dos acusados de la audiencia de hoy; y el exsubsecretario de Ambiente de la Provincia, Juan de Dios Lucchelli, a quien se responsabiliza por no haber controlado la descontaminación y disposición final de transformadores.
Tras la formulación de cargos, el fiscal jefe adelantó que en los próximos días solicitará una audiencia para unificar los plazos de la investigación respecto de los cuatro imputados.
Luego de escuchar los planteos de las defensas, que solicitaron el sobreseimiento de los imputados, la jueza de garantías Natalia Pelosso dispuso un cuarto intermedio de 48 horas para dictar su resolución.
Las identidad de las personas imputadas en la causa se mantiene en reserva hasta tanto se declare su responsabilidad penal, con la única excepción de aquellos y aquellas que se desempeñan o desempeñaban como funcionarios o funcionarias públicas al momento de los hechos.
Teoría del caso
De acuerdo con la teoría de la fiscalía, al menos desde 2017, “la cooperativa mantuvo tres transformadores acopiados a cielo abierto y sin mayores precauciones” en un predio en el que funciona un depósito de la entidad. Entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, esos transformadores fueron enterrados en el mismo predio, donde la fiscalía los encontró en mayo de 2023, debajo de un bloque de hormigón.
Además, según la investigación que se desarrolló hasta el momento, al menos entre 2014 y los primeros días de mayo de 2023, la cooperativa mantuvo colocados dos transformadores con PCBs. Entre el jueves 4 y el sábado 6 de mayo de este año, se retiraron los transformadores que estaban instalados y fueron acopiados transitoriamente en una subestación de maniobras en Valentina Norte Rural. Entre el miércoles 10 y el jueves 11 de mayo se retiró el refrigerante de ambos transformadores y se lo colocó en bidones, que nunca fueron encontrados. Los transformadores, ya sin el aceite, fueron enviados a Mendoza.
