A partir de la acusación de la fiscal del caso Valeria Panozzo, junto a la querellante institucional Silvia Acevedo, un varón fue condenado a 6 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar cercano durante aproximadamente 5 años.
Se trata de H.H.P, quien al momento de los hechos mantenía una relación de pareja con la abuela de la niña y de quien se preserva la identidad para proteger la intimidad de la víctima.
El 17 de abril fue declarado responsable por los delitos de abuso sexual simple continuado, agravado por la situación de convivencia con una menor de 18 años y por la guarda; en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, también agravado por la convivencia con una menor de 18 años y por la guarda, en grado de tentativa (artículos 119, párrafos 1, 3 y 5, en función del cuarto párrafo, incisos “b” y “f”; 42, 45 y 55 del Código Penal).
Durante la audiencia realizada ayer, la fiscal Panozzo relató que si bien no se logró precisar fechas exactas ni cantidad de veces, durante el juicio se probó que H.H.P cometió los abusos entre agosto de 2015 y febrero de 2020, en un domicilio de Plottier, cuando la niña tenía entre 4 y 9 años de edad. El ahora condenado se aprovechaba de la situación de convivencia para cometer las agresiones sexuales, en momentos en que quedaba a solas con la niña. Justamente fue en una de esas situaciones que la madre de la víctima descubrió lo que ocurría.
La fiscal del caso hizo hincapié en la extensión del daño causado a partir de los abusos y se apoyó en los testimonios de la niña (en Cámara Gesell) y de otras testigos, quienes pudieron precisar las situaciones de abuso y el contexto en que ocurrían.
El pedido de pena, tanto de Panozzo como de la querellante institucional coincidió en los 10 años de prisión efectiva, además de la inscripción en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).
La defensa solicitó el mínimo de la escala prevista para los delitos, es decir, 4 años de prisión.
Tras un cuarto intermedio, el tribunal, integrado por las juezas Florencia Martini y Carina Álvarez, y por el juez Luis Giorgetti, impuso 6 años de prisión efectiva y ordenó el registro inmediato del condenado en el RIPeCoDIS.