Un juez de garantías rechazó el pedido del fiscal del caso Juan Manuel Narvaez y de la asistente letrada Agustina Jara, para que dos nuevos acuerdos de pena fueran avalados en la investigación por las estafas con planes sociales.
Los acuerdos comprendían a R.A.L, a quien se le iba a imponer una pena de 3 años de prisión en suspenso, 432 horas de trabajo comunitario y reglas de conducta, por el tener un rol considerado de menor responsabilidad (nivel 4); y a A.A.M.L, con 3 años de prisión en suspenso con 360 horas de trabajo comunitario y reglas de conducta, por tener también un rol considerado de menor responsabilidad (nivel 5).
El fiscal del caso y la asistente letrada detallaron que el perjuicio ocasionado por R.A.L fue de $12,7 millones; y en el caso de A.A.M. llegó a $4,9 millones.
El juez de garantías Cristian Piana rechazó ambos acuerdos, por considerar que los montos de las penas eran bajos en proporción al delito cometido.
La decisión la dio a conocer hoy, durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, luego de un cuarto intermedio que dispuso el viernes pasado para evaluarlos.
Al momento de presentar los acuerdos, el fiscal del caso sostuvo que las penas eran proporcionales y que además permitían “optimizar los recursos y centrarnos en los niveles superiores de esta asociación ilícita”. La condena propuesta implicaba que la fiscalía podría “desistir de testigos y enfocarse en los jefes de esta estructura piramidal”.
Condenas
En el caso ya se impusieron penas mediante acuerdo a cinco acusados y acusadas en septiembre del año pasado: éstas comprendieron a Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea, quienes aceptaron haber integrado la asociación ilícita y hacer tareas como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados a los que se les atribuye mayor responsabilidad dentro de la maniobra.
Estos acuerdos de pena fueron por el delito de asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta de crédito sin autorización del titular, 9.303 hechos en concurso real, en calidad de coautores (artículos 210; 173, incisos 5 y 15; 45 y 55 del Código Penal).
Los dos acuerdos rechazados hoy eran por el mismo delito.
De este modo, las dos personas que comprendían los acuerdos deberán ir a juicio junto a los demás imputados e imputadas. Se estima que dicho juicio se realizará en marzo o abril próximo.
La operatoria
De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal (MPF), un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo integraron una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.
La maniobra se efectuó con distintos niveles de responsabilidad: con el rol de “jefes” están ubicados Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, exresponsable de Gestión de Programas del mismo organismo. A los jefes iniciales, la fiscalía sumó luego a otros dos funcionarios de alto rango: el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el excoordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
La investigación se centró en el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, con diversos roles y niveles de responsabilidad, con los jefes en el primer nivel.
En los niveles 2, 3, 4 y 5, se ubicó a colaboradores directos de los jefes, reclutadores de potenciales beneficiarios del plan, cobradores (mediante tarjetas y cheques) y a quienes obtuvieron beneficios.
