La fiscal del caso María Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo, formularon cargos y pidieron la prisión preventiva de un varón por comercialización de estupefacientes en el barrio Atahualpa de la ciudad de Neuquén.
La acusación la efectuaron hoy al mediodía, luego de una investigación conjunta con el departamento Antinarcóticos de la Policía provincial, en la que durante el allanamiento a la casa del acusado, R.A.V, se secuestraron 192 envoltorios con clorhidrato de cocaína (con alrededor de 0.3 gramos cada uno, peso atribuible a la dosis mínima de venta al consumidor).
En la vivienda también se halló dinero en efectivo: 1.116.200 de pesos, en billetes de baja denominación; un teléfono celular; un posnet de Mercado Pago; un proyectil de arma de fuego; y un cuaderno con anotaciones sobre entrega de dinero, precios y ventas.
La fiscal del caso planteó que, en fecha indeterminada pero al menos desde el 10 de marzo de 2025 y hasta el 21 de marzo del mismo año, R.A.V vendió estupefacientes en su domicilio ubicado en el barrio Atahualpa, frente a una escuela primaria y a una cuadra de una plaza.
El imputado hacía ingresar a los compradores al patio delantero de la vivienda, separado de la vía pública con un portón. Allí los atendía a través de una ventana de pequeñas dimensiones, y realizaba el intercambio del envoltorio con cocaína por dinero, retirándose los compradores tras permanecer segundos.
La actividad la realizaba en distintos horarios, advirtiéndose una mayor afluencia de compradores luego de las 17.
El delito atributo a R.A.V fue comercialización de estupefacientes, en concurso real con tenencia de estupefacientes para comercializar, agravados por haberse cometido en inmediaciones a un establecimiento escolar y a lugar público de esparcimiento social y deportivo (plaza) en carácter de autor.
Cómo medida cautelar, la fiscal del caso y el asistente letrado, pidieron que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses. Argumentaron que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
El juez de garantías que dirigió la audiencia, Marco Lupica Cristo, avaló la formulación de cargos por el delito de comercialización, y fijó el plazo de investigación en dos meses.
Sobre la prisión preventiva, respaldó el pedido del Ministerio Público Fiscal por un lapso de dos meses por existir riesgo de fuga.
