En un fallo sin precedentes, la Justicia de Mendoza dictaminó que la Dirección General de Escuelas (DGE) deberá abonar una indemnización de cuatro millones y medio de pesos a los padres de una niña de 11 años que sufrió bullying en una escuela pública de Godoy Cruz. La decisión, a cargo de la jueza Jorgelina Iérmoli Blanco del Tribunal de Gestión Judicial Asociada N°2, sienta un precedente crucial sobre la responsabilidad estatal ante episodios de acoso escolar y subraya la obligación de las instituciones educativas de actuar con eficacia para proteger el interés superior del menor.

Un Caso de Acoso Persistente y Falta de Intervención

El caso que conmovió a la comunidad educativa mendocina involucró a una estudiante que fue víctima de hostigamiento y violencia durante ocho meses por parte de un compañero de quinto grado. El bullying incluyó insultos, agresiones físicas y discriminación digital, extendiendo sus efectos a otros miembros de la familia, como la hermana mayor y el padre de la niña. A pesar de los reiterados pedidos de intervención por parte de la familia al personal escolar, la situación de la alumna no logró modificarse.

Según el expediente, la única respuesta de la escuela fue la realización de actas y la solicitud de reflexiones grupales. No se activaron los protocolos de intervención recomendados por normativas nacionales e internacionales en casos de acoso escolar, tal como informó el portal de Cadena 3.

Consecuencias Severas para la Menor y Responsabilidad Estatal

El fallo judicial reconoce un patrón persistente de violencia escolar y expone las graves falencias del sistema educativo ante situaciones que comprometen la salud y la integridad de menores bajo su guarda. Para la jueza, la omisión estatal evidenció una clara vulneración del derecho a la protección integral y un incumplimiento del deber de prevenir y erradicar el acoso escolar.

La pasividad institucional agravó la condición de la menor, quien debió afrontar el aislamiento, el temor y la angustia sin medidas de protección concretas. Hacia fines de 2022, el hostigamiento escaló a un punto crítico. La niña sufrió una crisis de angustia en el establecimiento y una lesión en una mano, lo que la llevó a ser internada durante cuatro días en el hospital pediátrico Humberto Notti. Los informes médicos confirmaron un severo trastorno de ansiedad y depresión crónica, con un impacto del 20% de incapacidad y un deterioro agudo de su autoestima.

Este fallo marca un antes y un después en la forma en que el Estado debe responder ante el acoso escolar, reforzando la necesidad de implementar y aplicar de forma efectiva los protocolos para proteger a los estudiantes.