El médico Daniel Fuente Serrano fue imputado como partícipe de una Asociación Ilícita que se dedicaba a estafar a personas adultas mayores con compras en tarjetas de crédito. Sin embargo publicó un mensaje donde señala que es inocente.
Fuentes Serrano, en redes sociales, publicó un mensaje donde afirma: “GRACIAS POR LOS CIENTOS MENSAJES DE APOYO....Y LOS MALA ONDA QUE ME BLOQUEEN Y LISTO... YA COMPROBARON QUE TIMO NO TENIA NADA QUE VER Y LA PARTE MEDICA NO SE CUESTIONOI NUNCA .... CLARO QUE ARRANCA LA VERDADERA INVESTIGACION SI LAS COSAS QUE COMPRE TENIAN FACTURA... O NO... POR SUPUESTO QUE VAN A SALIR A DECIR CUALQUIERA Y HAY GENTE QUE VA A CREER,,,, SE QUE MIS MIS PACIENTES Y AMIGOS SABEN QUIEN SOY.... hoy sabado y el domingo atiendo de 15 a 20 hs x llegada..uspallata 236.... NO MI TENGO CELU TODAVIA... ASI QUE VENGAN NOMAS”
El médico tiene antecedentes en Estados Unidos por mala praxis médica y también habría denuncias en el Alto Valle de Río Negro.
Desde fiscalía se informó que durante una audiencia desarrollada ayer, el asistente letrado de la fiscalía de Delitos Económicos Juan Manuel Narváez formuló cargos a 6 personas por integrar, con funciones delimitadas y previamente acordadas, una organización destinada a cometer delitos.
En este marco, detalló al menos cuatro hechos de estafa mediante la modalidad delictiva conocida como "vishing", en la que a través de una comunicación telefónica, el victimario falsea una identidad para obtener información de sus víctimas y, luego, realizar compras en su nombre.
En los próximos días, el representante del Ministerio Público Fiscal volverá a solicitar la audiencia para formular cargos a otras dos personas, que también serán acusadas de integrar la asociación delictiva. Se trata de O.J.A, quien está detenido por otra causa en una unidad penal de Viedma; y de L.E.V, también detenido, en este caso en Neuquén, en el marco de otra investigación (ver aparte).
Durante la audiencia de ayer, Narváez formuló cargos contra A.D.O.P; G.M; Daniel Fuente Serrano, R.E.M; C.E.A y J.A.F como coautores y coautoras del delito de asociación ilícita (artículos 210 y 45), en concurso real con estafa (55 y 172). Detalló que las 6 personas acusadas, tres hombres y tres mujeres, integraron una organización destinada a cometer delitos, al menos, durante el último año y medio; y describió cuatro hechos de estafa, ocurridos en enero de 2021, marzo de 2021, febrero de 2022 y junio de 2022.
Según explicó el representante del Ministerio Público Fiscal, se trata de una asociación ilícita en la que sus integrantes tenían roles definidos, ya fuera para cometer los engaños como para, en una instancia posterior, vender los productos que se adquirían o repartir el dinero obtenido.
La investigación previa fue dirigida por la fiscalía de Delitos Económicos a cargo del fiscal Marcelo Silva, en conjunto con el departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén. Esa investigación permitió que durante la jornada de ayer se realizara un total de 15 allanamientos Neuquén y en tres localidades de Río Negro: Viedma, Roca y Balsa las Perlas. En esos operativos se secuestró parte del producto de las estafas, desde electrodomésticos, herramientas y bicicletas hasta materiales de corralón.
Narváez solicitó la declaración de causa compleja, dada la pluralidad de víctimas y de personas acusadas. Sostuvo que resta realizar numerosas medidas de prueba, desde peritajes informáticos hasta pedidos de información a distintos organismos y empresas, lo que podría derivar en más personas acusadas, y pidió un plazo de investigación de 12 meses.
Tras escuchar a las partes, la jueza a cargo de la audiencia tuvo por formulados los cargos y accedió a todas las solicitudes de la fiscalía.
Finalmente, el asistente letrado pidió la prisión preventiva por 8 meses para los tres hombres acusados, mientras que en el caso de las mujeres, ante la necesidad de posicionarse con perspectiva de género y de tener en cuenta condiciones particulares (embarazo o niños menores de edad a cargo) pidió el mismo plazo de detención pero bajo la modalidad domiciliaria. Respecto de todas las personas acusadas, argumentó el peligro de entorpecimiento de la investigación, mientras que en tres casos –por D.F.S, G.M y R.E.M- planteó la existencia del peligro de fuga.
La magistrada no coincidió con el pedido respecto del peligro de entorpecimiento, por lo que rechazó la imposición de medidas cautelares solicitadas por ese fundamento y ordenó la liberación de A.D.O.P; G.M, C.E.A y J.A.F. Por otra parte, estimó que en los casos de D.F.S y R.M sí existe riesgo de no sometimiento al proceso, pero también ordenó su liberación e impuso, como solicitaron las defensas, presentaciones semanales ante la fiscalía. En el caso de G.M, consideró que no se probó ningún riesgo procesal y fue liberada sin imposición de medidas cautelares.
“Vishing”
El “vishing” engloba dos conceptos y surge de la combinación de “voice” (voz, en inglés) y “phishing”, tal como se denomina a los engaños basados en la suplantación de identidad.
En este caso, el sistema para cometer los engaños era por teléfono, haciéndose pasar por representantes de empresas, bancos u otras entidades. Por esta vía convencían a quienes llamaban para que les dieran datos personales, de tarjetas de crédito o débito y claves de acceso a cuentas bancarias. Una vez que obtenían esa información, realizaban compras en comercios del rubro de la construcción, electrodomésticos y telefonía, entre otros.
En los allanamientos, que requirió el fiscal del caso Marcelo Silva y en los que estuvo acompañado por el asistente letrado Juan Manuel Narváez y por el equipo de la fiscalía de Delitos Económicos junto con el personal policial, se secuestraron teléfonos, equipos de computación, tarjetas SIM, además de distintos bienes.
Nueva audiencia
Durante la audiencia de ayer estaba previsto acusar a otros dos hombres que están detenidos en el marco de otras causas penales y quienes, según la teoría de la fiscalía, tuvieron una participación concreta en el accionar de la organización. Sin embargo, al momento de avanzar en ese sentido, estás dos personas se negaron a identificarse frente a la jueza de garantías, lo que obligó a la postergación. Fue por ese motivo que el asistente letrado de la fiscalía adelantó que iniciará una investigación por el delito de desobediencia de una orden judicial.
