El asistente letrado de la unidad fiscal de Delitos Sexuales Guillermo Prime solicitó a un juez de garantías que declare la rebeldía y captura de un hombre que, condenado por un delito contra la integridad sexual, no se presentó a una audiencia en la que el Ministerio Público pretendía solicitar una medida de coerción.

Se trata de R.F, a quien el 28 de octubre se le impuso una pena de prisión efectiva de 13 años, luego de que un jurado popular lo declarara responsable por haber por abusado sexualmente de una niña que era parte de su entorno familiar en la ciudad de Neuquén.

A pedido de la fiscalía, el 12 de diciembre se debía realizar una audiencia para debatir sobre la imposición de una medida de coerción de mayor gravedad respecto de las que el condenado venía cumpliendo (prohibición de acercamiento y contacto y presentaciones regulares). Sin embargo, su abogado informó en ese momento que su defendido se había trasladado a una localidad del interior de la provincia a realizar un trabajo.

El asistente letrado Guillermo Prime no consideró suficientes los motivos planteados por el representante del condenado y pidió al juez la declaración de rebeldía y captura, ya que tampoco la oficina judicial había podido localizarlo previo a la audiencia.

Tras escuchar a las partes –también la querella institucional se sumó al pedido fiscal- el juez de garantías Luis Giorgetti hizo lugar a todos los pedidos, dictó la rebeldía y ordenó la captura.

En tanto, como medida de protección a la víctima y su familia, Prime dispuso la custodia policial del domicilio.

El delito por el cual un jurado popular declaró “culpable” al acusado es abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser guardador, ser portador de una enfermedad sexual que constituyó un grave daño en la salud física de la víctima y por el uso de arma de fuego, todo en carácter de autor (artículos 119 segundo y cuarto párrafos incisos “b”, “c” y “d” y 45 del Código Penal).

Debido a que el delito por el cual se declaró la responsabilidad es de carácter sexual, el juez de garantías dispuso que el condenado fuera inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Reseña

La acusación que impulsó el fiscal jefe Pablo Vignaroli durante el juicio por jurados fue que R.F abusó sexualmente de una niña de su entorno familiar de manera reiterada, continuada y sistemática entre los años 2014 y 2020. El acusado, que sabía que era portador de HPV, cometió los abusos aprovechando las facilidades que le otorgaba la convivencia y que la víctima quedaba a su cuidado. En algunas ocasiones, ante la negación de la víctima, el imputado la amenazaba utilizando un arma de fuego. Los abusos sexuales fueron develados una vez que la niña comenzó a recibir atención médica y fue examinada en un hospital neuquino.