La fiscal del caso Natalia Rivera pidió la revisión de lo dispuesto por la jueza de garantías Leticia Lorenzo, quién durante una audiencia realizada hoy rechazó que dos varones condenados a 8 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de su entorno cumplan la pena en una comisaría.

Originalmente, la fiscalía aceptó que, ante la falta de espacio en las unidades de detención, los condenados comenzaran a cumplir la pena en una vivienda, con custodia policial permanente. Sin embargo, tras un informe de la jefatura de Seguridad Interior de la Policía provincial, en el que se dio cuenta de que era posible alojar a los dos varones en dependencias policiales de Buta Ranquil donde ya hay condenados detenidos, Rivera pidió el cambio de modalidad. Lorenzo no hizo lugar al planteo, consideró que los condenados no pueden ser alojados en comisarías y, ante la imposibilidad de la policía de El Huecú de establecer una custodia permanente, dispuso que el control de la detención se realice mediante rondines sorpresivos.

Los condenados son S.C y B.C, quienes el 18 de noviembre, junto a R.C, fueron declarados responsables por abusar sexualmente de una niña de su entorno en la localidad de El Huecú. Respecto de B.C, la declaración de responsabilidad fue por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente –un hecho- (artículos 119, cuarto párrafo, inciso “f”, en función del tercer párrafo del mencionado); y abuso sexual simple, continuado (artículo 119, primer párrafo), todo en concurso real y en calidad de autor respecto. En el caso de S.C, la condena fue por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la convivencia preexistente (artículo 119, cuarto párrafo, inciso “f”, en función del tercer párrafo) en calidad de autor.

En esa misma oportunidad se declaró la responsabilidad de R.C por abuso sexual simple, en carácter de delito continuado, y en calidad de autor. Por tratarse de un hecho de menor gravedad, la fiscalía acordó la imposición de una pena de 1 año y 6 meses de cumplimiento condicional.

Respecto de S.C y B.C, tras la declaración de responsabilidad se solicitó la audiencia para requerir la pena, que finalmente se concretó el 28 de diciembre y en la que la fiscal del caso pidió la pena de 8 años de prisión efectiva. Las defensas accedieron al pedido y renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que las condenas quedaron firmes. Al estar cerradas las cárceles de la provincia por disposición de las juezas de ejecución, la fiscalía accedió a que comenzaran a cumplir la condenada en un domicilio de El Huecú, hasta tanto se hallara un espacio en el que los condenados pudieran ser alojados. Por esa razón, y con el acuerdo de todas las partes, el juez que dirigió la audiencia del 28 de diciembre impuso la pena y ordenó la custodia policial permanente del domicilio.

Durante la audiencia de hoy, la jueza Lorenzo rechazó el traslado de los condenados a comisarías y dispuso que continúen detenidos de manera domiciliaria con controles sorpresivos por parte de la policía. Con el respaldo de la querella institucional en representación de la víctima, la fiscal Rivera pidió la revisión de la medida. La audiencia se concretará en los próximos cinco días, en fecha a confirmar por parte de la Oficina Judicial de la jurisdicción.