El organismo integrado por laicos señaló que "es imprescindible la participación plena de todos los poderes del Estado, conforme lo establece nuestra Constitución para asegurar un marco republicano, con la escucha a los actores de la sociedad civil, a las instituciones y sectores reconocidos en temas particulares que de alguna manera son afectados por las medidas propuestas".

La Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJyP) de la Conferencia Episcopal Argentina expresó este lunes su "preocupación" por las medidas contenidas en el DNU del Gobierno y advirtió que el proyecto de ley ómnibus promueve "una delegación de facultades legislativas" al Ejecutivo que, de aprobarse, "configuraría un posible escenario que dañaría en forma grave la conformación de la República".

El organismo de la Iglesia católica, integrado por laicos, dijo en un comunicado que "es imprescindible la participación plena y oportuna de todos los poderes del Estado, conforme lo establece nuestra Constitución para asegurar un marco republicano, con la escucha a los actores de la sociedad civil, a las instituciones y sectores reconocidos en temas particulares que de alguna manera son afectados por las medidas propuestas".

Resaltó que incluir las voces de estos sectores de la sociedad civil en el debate puede ser un "aporte para delinear alternativas superadoras", sobre todo "aquellas que afectan a los más débiles, los más pobres, las infancias, los jubilados, las personas con discapacidad".

"Expresamos nuestra preocupación al tiempo que reiteramos nuestra puesta al servicio incondicional para el desarrollo de los diálogos imprescindibles que permitan dar el debido cauce a las propuestas del PEN", indicó la CNJyP ante el ya vigente DNU y el debate que se lleva a cabo desde la semana pasada en comisiones legislativas sobre la denominada Ley "Bases".

Sobre la ley ómnibus advirtió que de aprobarse "se configuraría un posible escenario que dañaría en forma grave la conformación de la República por la afectación del principio fundamental de la división de los poderes del Estado" y cuestionó que para su tratamiento en extraordinarias se haya dado tiempo "sólo hasta el 31 de enero próximo".

Para la Comisión, las políticas de Estado "sólo son posibles a través de la construcción de consensos sociales y políticos" que integran el "contrato histórico que la democracia asume como forma de gobierno del conjunto" y con un "sentido inclusivo, republicano y federal".

Consideró "indispensable que todas las modificaciones que se proponen sean suficientemente debatidas, buscando la construcción institucional de consensos que permita discernir en cada punto la bondad de la medida o su inconveniente en orden al bien común".

Admitió que "no todas las desregulaciones propuestas pueden ser negativas", pero "muchas dejan desprotegidas a las personas, especialmente a las más vulnerables, con el riesgo de aumentar situaciones de explotación laboral".

"Necesitamos tiempo para un diálogo honesto y fecundo, que permita sentar las bases de un país integrado", solicitó, y pidió que en su tratamiento "se vele por garantizar el bien común" como "tarea que le compete al Estado por encima de los intereses del mercado y de la especulación financiera".

La Comisión citó una frase del papa Francisco de 2021: "La verdadera libertad no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio a los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular a los pobres".

También alertó sobre la derogación de la Ley de Tierras enmarcada en el DNU que limita la titularidad y posesión de privados extranjeros y denunció que ello "está profundamente relacionado con la problemática territorial de los pueblos indígenas, ya que puede propiciar y acentuar el avasallamiento de sus derechos adquiridos así como amenazar principios de soberanía territorial".