El Gobierno recortó el financiamiento destinado a la realización de obras de adecuación de las instalaciones eléctricas domiciliarias para personas electrodependientes, lo que les permite garantizar medidas de seguridad en sus viviendas y solicitar las fuentes alternativas de energía (FAE) necesarias para sus tratamientos. La resolución del ENRE trae riesgos para la salud de los pacientes ante eventuales cortes de luz, según advierten desde la organización que los agrupa.
En efecto, la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) denunció que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) mediante la resolución 330/2024 derogó las resoluciones Nº 97/2021, 254/2023 y 472/2023 que crearon un fondo solidario y un procedimiento de cumplimiento obligatorio (en las áreas de concesión de Edenor y Edesur), para el financiamiento y realización de las obras de adecuación de las instalaciones eléctricas domiciliarias de las personas usuarias electrodependiente.
Estas personas, por cuestiones de salud, requieren un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud, según la ley 27.351 que instauró un régimen de protección especial para estos usuarios.
Justamente la readecuación de las instalaciones de sus viviendas posibilita la conexión a las Fuentes Alternativas de Energía (FAE) –un derecho establecido por la mencionada ley y que evita tanto el traslado a hospitales, como el riesgo por un corte de luz- ya que para su instalación se solicita un Certificado de Conformidad de Instalación Eléctrica (DCI) entregado por un electricista matriculado, lo que conlleva a diversas obras que tienen un monto muy elevado. Desde la asociación dijeron a Somos Télam que el costo estimado de estos trabajos se ubica entre los 300.000 y 500.000 pesos.
Este fondo de financiamiento se creó en 2021 y se estipuló un nomenclador sobre las obras contempladas. También se fijó como tope para su acceso un ingreso familiar equivalente a 3,5 canastas básicas totales (CBT). Ahora, el gobierno de Javier Milei lo redujo a solo una CBT, por lo que las familias con ingresos mayores a 853.000 pesos quedan excluidas. “Claramente es un recorte para expulsar personas y ‘ahorrar’ plata”, denunció Mauro Stefanizzi, presidente de AAdED.
¿Qué pasa si las personas electrodependientes no pueden realizar dichas obras de readecuación? “No solo no les permite encontrarse en internación domiciliaria bajo las medidas y normas de seguridad, pudiendo evitar cualquier tipo de accidente doméstico, sino que, además, no le permite solicitar una fuente alternativa de energía (FAE) para hacer frente a un corte de luz”, explicó Stefanizzi.
Por ejemplo en el caso de las personas que usan un respirador, pueden sufrir un paro cardiorrespiratorio si no se trasladan a tiempo (a un hospital en caso de interrupción de la energía). Y en el mejor escenario de un traslado, hay riesgos tanto en el traslado como en la internación por virus intrahospitalarios”
MAURO STEFANIZZI, PRESIDENTE DE AAdED
Y aclaró que los riesgos dependen de cada patología y del equipamiento que utilice: “Por ejemplo en el caso de las personas que usan un respirador, pueden sufrir un paro cardiorrespiratorio si no se trasladan a tiempo (a un hospital en caso de interrupción de la energía). Y en el mejor escenario de un traslado, hay riesgos tanto en el traslado como en la internación por virus intrahospitalarios”.
Otra de las nuevas medidas dispuestas por el ENRE es que el Estado dejará de ser intermediario al derogar la resolución que creaba una mesa de control y seguimiento de las obras que deben hacer las distribuidoras –que estaba integrada también por AADeD-, así como dar de baja el procedimiento mediante el cual las personas electrodependientes pedían financiamiento al ENRE a través de un formulario web.
“El Estado se corre del medio y te envía a que pidas todo directamente a Edenor y/o a Edesur. Antes el Estado estaba de garante de que eso se cumpla, era el que informaba a las distribuidoras (de las solicitudes), las obligaba a realizar la obra y las controlaba”, precisó el titular de AAdED.
En el área de concesión de Edenor y Edesur, que abarca ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, hay aproximadamente 6.000 usuarios electrodependientes.
En el área de concesión de Edenor y Edesur, que abarca ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, hay aproximadamente 6.000 usuarios electrodependientes. No se conoce oficialmente cuántas obras de readecuación se hicieron hasta el momento ni cuántos inscriptos hay que solicitaron el financiamiento, por lo que la asociación presentó junto a la senadora Alicia Kirchner un pedido de informe al Poder Ejecutivo. La organización sí recogió el testimonio de unas 30 familias que no tuvieron respuesta hasta el momento a sus pedidos de financiamiento.
Este jueves volvieron a solicitar una reunión con las autoridades del ENRE pero –dijeron en la asociación- “hace dos meses pedimos que se avance con las instalaciones internas, que exijan a las empresa a que lo hagan; las empresas nos dijeron que no hacían obras porque no les estaban pagando y ahora la respuesta al pedido fue esta resolución que es achicar la cantidad de personas que lo pueden pedir (al financiamiento)”.
“Basta de ajustar con los más débiles”, pidieron a las autoridades nacionales mediante un comunicado.
