Somos Télam
La Red Argentina para el Desarme (RAD) presentó observaciones, en forma de “críticas e interrogantes”, al proyecto de regularización de armas de fuego que impulsa el gobierno nacional y que comenzó a tratarse en distintas comisiones de la Cámara de Diputados.
La iniciativa apunta por una parte a la prórroga del Plan de Desarme Voluntario que se encuentra vigente y en el punto en cuestión, revisar la “regularización” de la tenencia de armas de fuego y en tal sentido, se denunció que “podría profundizar el descontrol de las armas de fuego en Argentina”.
Además de solicitar al Congreso de “aprobar por separado” cada una de estas cuestiones, la RAD destacó que la idea de “opción” que presenta el proyecto oficialista entre la regularización del arma y su entrega para ser destruida “es falaz y riesgosa”.
Un proyecto peligroso
“El Estado debe priorizar la entrega, ya que todo arma es un riesgo, sea legal o ilegal”, afirma la entidad, una de las que sumó su oposición a esta iniciativa que ante los legisladores fue expuesta por el titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan.
“La presentación del proyecto recibió numerosas críticas y varios diputados plantearon interrogantes, por los huecos vacios que deja”, expresó Julián Alfie, miembro de la RAD, a Somos Télam.
Tras remarcar las “inconsistencias y riesgos” de la norma que pretende aprobar el gobierno, Alfie contó que “el proyecto seguirá siendo tratado en comisión las próximas semanas, supuestamente con la invitación a otros expositores”.
Para el titular del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) se trata de “un proyecto peligroso”, debido a que “incorpora un procedimiento de regularización para quienes tengan armas de fuego en forma ilegal, quienes tendrán 360 días (prorrogables por igual plazo) para presentarse ante la ANMaC y solicitar una autorización”.
“Y mientras dure el trámite, conservarían el arma de fuego en su poder. Quienes se acojan al plan, ya sean personas humanas o empresas, no podrán ser perseguidas penalmente por la tenencia ilegal previa”, contó Julián Alfie.
Luego de reconocer que la prórroga por cuatro años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF), “es una decisión correcta y necesaria, que debiera ser aprobada”, la RAD hizo hincapié en “los riesgos de la supuesta “opción” entre la regularización y la destrucción”.
“Desde hace años denunciamos la falta de control del Estado, que se traduce en una enorme cantidad de armas de fuego y usuarios en situación ilegal. Sin embargo, la “regularización”, lejos de ser una solución, puede profundizar el problema, si no se realiza como último recurso en el marco de un plan integral de reducción del circulante de armas de fuego y de control efectivo sobre las que permanezcan en circulación”, expresó la entidad, mediante un comunicado.
Por lo tanto, insisten en que la “opción” entre la tenencia legal del arma o la entrega voluntaria para destrucción, resulta falsa y recuerdan que la ANMaC tiene dentro de sus objetivos “reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada”.
La tenencia en números
Esta decisión responde a un consenso sobre el riesgo que implican las armas de fuego, sean o no legales. Las armas legales también matan. Las armas de fuego no se usan sólo en contextos de inseguridad, ya que 3 de cada 4 homicidios dolosos registrados en el país, ocurrieron sin concurrencia de otros delitos”, puntualizó la RAD.
Según las últimas estadísticas oficiales, que se remontan a 2021, “alrededor del 50% de los homicidios dolosos con armas de fuego son cometidos en conflictos interpersonales, como peleas entre vecinos, familiares, o femicidios. Y menos de 1 de cada 10 de esas muertes son en contextos de defensa. También más de la mitad de las muertes con armas de fuego no son por una agresión, sino por suicidios, accidentes u otros tipos de intención.
Aquellos países que facilitan el acceso legal a armas de fuego tienen mayores niveles de violencia y delito. Por ejemplo, en lo Estados Unidos, la tasa de homicidios por armas de fuego es 18 veces mayor a la de otros países desarrollados.
Las críticas a la iniciativa
“Existen múltiples estudios que demuestran que el fácil acceso a armas de fuego, contribuye a aumentar las tasas de homicidios”, manifestó la RAD, en su pronunciamiento.
Sobre los “problemas específicos” de la regularización prevista por el proyecto de la administración de Javier Milei remarcaron que “equipara la regularización y la entrega del arma, en vez de establecer que quienes la soliciten sean obligatoriamente informados sobre la posibilidad del desarme”.
“Puede llevar al colapso del sistema y una legalización masiva “de hecho” de solicitudes que nunca lleguen a ser revisadas”, alertaron, agregando que “la falta de límites y restricciones hace que millones de armas puedan ser objeto de regularización, sin que la ANMaC cuente con capacidad de procesar esas solicitudes”.
“La ley incluso habilitaría a empresas de seguridad o armerías”, advierten, al mismo tiempo que cuestiona que el articulado de la iniciativa, “no se solicita información sobre el origen del arma, perdiendo la oportunidad de generar información criminal sobre el mercado ilegal de armas de fuego”.
Otro de los puntos criticados por los especialistas especifica que “en caso de rechazo, el solicitante puede transferir el arma a un usuario autorizado, en vez de establecer la destrucción del arma”.
Y también que el plazo que se otorga “es innecesariamente extenso, debido a que los dos años que prevé el proyecto para que las personas puedan solicitar la regularización facilita la generación de un mercado ilegal, que permita que fabricantes o comerciantes vendan armas de fuego en forma irregular, a sabiendas de que el comprador podrá legalizarla a través de la regularización”.
En relación a la situación vinculada con la violencia de género, el proyecto “no establece medidas para prevenirla”, a pesar que 1 de cada 4 femicidios son cometidos con armas de fuego. “La ANMaC suspendió recientemente una de esas medidas, y los controles vigentes no son capaces de restringir el acceso a las armas a personas sospechadas de haber ejercido violencia de género”, precisó la RAD.
Además, consideraron que con el texto de la norma impulsada, “no se fortalece la política criminal y de persecución penal del mercado ilegal de armas” y en tal sentido, recomendaron que “el Congreso podría crear una Procuraduría Especializada en Armas de Fuego (PROCUARM), potenciando las capacidades de la actual Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal para llevar adelante una política de persecución penal del mercado ilegal de armas”.
En consecuencia, desde la RAD (que agrupa desde hace 20 años a diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática de las armas de fuego y en prevención y control de la violencia con uso de armas) solicitan a los diputados que “den tratamiento en forma autónoma e inmediata a los proyectos de prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF) y tengan en consideración los problemas del procedimiento de regularización previsto en el proyecto bajo tratamiento”.
