El Gobierno anunció que enviará 150 pliegos al Senado para cubrir cargos de jueces, defensores y fiscales vacantes en todo el país, en los fueros nacional y federal. De acuerdo a Sebastián Amerio, secretario de Justicia, su aprobación aceleraría y mejoraría la administración de justicia, jaqueada por las vacancias.
En una conferencia de prensa encabezada por el vocero Manuel Adorni, el Gobierno anunció que enviará pliegos al Senado para comenzar a cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores en el Poder Judicial.
De acuerdo al secretario de Justicia Sebastián Amerio, encargado de detallar la medida, serán 150 los pliegos, luego de su paso por el Consejo de la Magistratura y la consideración del Poder Ejecutivo.
Según datos del Consejo de la Magistratura, hasta julio de este año, de los 1.002 cargos totales entre jueces nacionales y federales, 282 siguen sin cubrir, lo que representa aproximadamente el 28% del total.
Además de los cargos nacionales y federales, las justicias provinciales también atraviesan una crisis de vacancia. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, unos 700 cargos esperan designaciones.
Este déficit refleja una situación preocupante dentro del Poder Judicial argentino, afectando la operatividad y la administración de justicia en diversos niveles.
A fines de mayo, el Consejo de la Magistratura envió ternas para cubrir 24 cargos tanto a nivel federal como nacional.
Sin embargo, la falta de acuerdo en la Cámara de Senadores generó obstáculos significativos para avanzar con estos nombramientos, perpetuando así la situación de vacancia en el Poder Judicial.
El secretario de Justicia dijo este miércoles que el actual sistema heredó un déficit del 30% en cargos de jueces y del 50% en fiscales, lo que dificulta su correcto funcionamiento.
“Los 150 pliegos enviados superan la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri”, apuntó.
El impacto de las vacancias
“Necesitamos más jueces para que un juicio laboral no dure años dejando en una situación de incertidumbre a las empresas y a los trabajadores. Necesitamos más jueces para que un reclamo administrativo contra el Estado no sea eterno dejando desprotegidos a los ciudadanos”, destacó Amerio hoy al cuerpo de prensa que lo escuchaba en Casa Rosada.
En la práctica, la mayoría de las fiscalías y juzgados cuyos titulares se encuentran vacantes están ocupados por otras u otros fiscales y jueces que, de esta manera, deben descuidar el trabajo que tienen en sus cargos de origen para el que fueron nombrados.
La delegación de tareas en autoridades inferiores que ocupan rangos de secretarías y prosecretarías, así como en otros agentes, es una práctica habitual que no suple la ausencia del titular, por razones evidentes de capacidades y de tiempos de dedicación a cada causa.
Pero, además, las y los fiscales de juicio oral deben estar presentes en las audiencias orales, motivo por el cual se generan demoras derivadas de la necesidad de compatibilizar horarios con las autoridades judiciales, quienes también deben ejercer subrogancias en otros tribunales orales.
Menos fiscales y jueces implica menos celeridad en los procesos, menor innovación en el trámite de las causas, menos tiempo para la organización de las respectivas oficinas y capacitaciones de los recursos humanos disponibles en la administración de justicia.
“Para que el que comete un delito vaya preso, necesitamos que haya un juez para condenarlo. Para que el que incumple un contrato pague las consecuencias, necesitamos que haya un juez dictando sentencia. Para que un proceso de adopción llegue a que un niño encuentre una familia, necesitamos un juez que lleve adelante el proceso”, ejemplificó Amerio. En este sentido, desde el Gobierno se subrayó que el 50% de los juzgados que llevan las adopciones en CABA está vacante.
Cómo se seleccionan y designan los jueces
En el sistema de selección de jueces inferiores establecido por la Constitución consta de la participan de tres órganos: el Consejo de la Magistratura, encargado de evaluar los conocimientos técnicos y la trayectoria de los postulantes a través de un concurso público y elevar una terna vinculante; el Poder Ejecutivo, que debe elegir un postulante para ocupar la vacante a cubrir; el Senado, que debe evaluar los méritos de los postulantes que hayan sorteado las etapas anteriores y aprobar o rechazar sus pliegos.
Como conclusión, un dato sintetiza la situación: cuatro de los 12 juzgados de Comodoro Py están vacíos. Estos juzgados se encargan de investigar y procesar a los corruptos.
