El fiscal del caso Juan Manuel Narváez formuló cargos a Pablo Antonio Ruíz, extitular de la Casa de las Leyes, por causar un perjuicio económico de más de $52 millones a la administración pública provincial.

La acusación la realizó hoy, durante una audiencia en la Ciudad Judicial, en la que atribuyó a Ruíz el delito de peculado, en carácter de autor.

El fiscal del caso, junto a la asistente letrada Tanya Cid y al asistente letrado Facundo Bernat, indicó que el exfuncionario cometió la maniobra tras asumir en el cargo en diciembre de 2023, mediante la Resolución 547, firmada por la exvicegobernadora y hermana del imputado, Gloria Ruíz.

Narváez apuntó que Ruiz, entre el 10 de diciembre de 2023 y hasta noviembre de 2024, recibió dinero de manera habitual proveniente de la cuenta bancaria de la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén perteneciente al BPN.

Entre enero y agosto de 2024, la modalidad fue mediante transferencias de la única cuenta de la Legislatura hacia su cuenta personal de acreditación de haberes del Banco Provincia de Neuquén (BPN), por un total de $34.719.194.

Luego, después de que las autoridades legislativas fueron advertidas por el BPN de que esto no podía hacerse, el imputado comenzó a recibir de la Legislatura cheques al portador con el objetivo de pagar los fondos permanentes de la Casa de Las Leyes. Eran cobrados por caja por personal autorizado que luego entregaba el dinero en efectivo al imputado. El monto total de esta maniobra ascendió a $19.975.564.

El dinero era asignado como fondos permanentes para sustentar distintos programas que estaban a cargo de la Casa de las Leyes, como “Ritmo Ciudadano”, “Jóvenes líderes, comunitarios y políticos”; “Actividades culturales, recreativas y comunitarias”; “Murales urbanos”, entre otros.

El fiscal del caso planteó que luego, Ruiz sustrajo los fondos públicos que había recibido para constituir tres plazos fijos: el 14 de octubre de 2024 por $42 millones y por 60 días; el 1 de noviembre de 2024 por $3 millones por 30 días; y el 11 de noviembre de 2024 por $6 millones por 30 días.

A partir de las maniobras descriptas, desde la unidad fiscal de Delitos Económicos se estimó el perjuicio total en $52.798.459,10.

Tras pedir que se tengan por formulados los cargos, Narvaez y Cid solicitaron dos medidas cautelares, destinadas a proteger el dinero y evitar la insolvencia del imputado:

-El embargo del plazo fijo de $42 millones de pesos, que sumados los intereses devengados a su vencimiento ascenderá a más de $47 millones, y su posterior depósito en una cuenta judicial para. El planteo es que, ya sin estar bajo el control del acusado, se constituya un nuevo plazo fijo con renovación mensual, por 10 meses.

-La inhibición general de bienes de Ruiz, con notificación a todos los entes públicos de bienes registrables e instituciones bancarias, también por 10 meses.

Tanto las medidas cautelares como la formulación de cargos fueron respaldadas por el querellante y representante de la fiscalía de Estado en la causa, Gustavo Kohon.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Lucas Yancarelli tuvo por formulados los cargos y dictó las medidas cautelares solicitadas, con los plazos indicados por la fiscalía.