La vicepresidenta respondió a un pedido del kirchnerismo, que quería sesionar este jueves para bloquear los pliegos; el Gobierno tendrá tiempo para reunir los votos.
La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó esta tarde al Senado para el próximo 3 de abril a debatir los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla y tratar de darle, así, un corte definitivo a la polémica generada por la decisión de Javier Milei de designar por decreto “en comisión” a ambos candidatos como jueces de la Corte Suprema.
Ahora, el Gobierno tendrá dos semanas para tratar de reunir los votos para conseguir la aprobación de ambos candidatos. Necesita el apoyo de los dos tercios de los presentes en la sesión, que está citada para las 14, una mayoría agravada que, por el momento, parece difícil de alcanzar para la Casa Rosada, sobre todo en el caso de García-Mansilla.
Villarruel tenía sobre la mesa un pedido del bloque kirchnerista para llevar los pliegos al recinto en una sesión especial reclamada para este jueves. Tras varios cabildeos y en consulta con los bloques dialoguistas, la vicepresidenta decidió responder el reclamo de Unión por la Patria, pero fijó la fecha de la reunión recién para dentro de dos semanas.
En el decreto de convocatoria, la vicepresidenta justifica la decisión de postergar por dos semanas el pedido formulado por el kirchnerismo en la “relevancia institucional de la decisión a adoptar en la sesión especial peticionada” y que por esta razón considera “prudencial” hacerlo con “una antelación suficiente que propenda a garantizar la presencia de la totalidad del cuerpo para considerar los pliegos”.
La apuesta de Villarruel, que cuenta con el aval de los jefes de bloque de la oposición dialoguista, se explica en el hecho de que la semana próxima el sector dialoguista tendrá dos bajas por viaje, lo cual le restaba fuerzas al sector de la Cámara alta que se muestra dispuesto a apoyar al Gobierno en su pulseada con el Senado por las designaciones en el máximo tribunal.
Los pliegos de Lijo y García-Mansilla se encuentran en condiciones de ser discutidos en el recinto de la Cámara alta luego de que obtuvieran dictamen favorable a sus postulaciones en la Comisión de Acuerdos. En el caso del juez federal, el despacho está disponible desde mediados de febrero.
En el del catedrático, el visto bueno lo obtuvo la semana pasada en una jugada impulsada por el kirchnerismo y los senadores Martín Lousteau (UCR-Capital) y Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) que pretenden rechazar las nominaciones de ambos candidatos como forma de ponerle un límite al gobierno de Javier Milei, que apeló a una lectura forzada de la Constitución Nacional para nombrarlos por decreto “en comisión”.
Tras la firma del decreto, la Corte Suprema le tomó juramento a García-Mansilla, que este miércoles firmó su primer fallo como miembro del máximo tribunal.
Diferente fue el caso de Lijo, a quienes los miembros de la Corte decidieron exigirle que renuncie al juzgado que conduce en Comodoro Py como condición previa a tomarle juramento. El juez federal pretendía asumir en el tribunal haciendo uso de una licencia que le había otorgado la Cámara Federal.
Si quiere evitar el rechazo de ambos pliegos, la Casa Rosada tendrá que redoblar esfuerzos en un Senado en el que el oficialismo se encuentra en una endeble situación numérica, producto del malestar de algunos legisladores con las políticas del gobierno de Milei y del desgaste de la relación con la vicepresidenta y presidenta de la Cámara alta.
De hecho, Villarruel no pudo reunir quorum para habilitar la sesión preparatoria del pasado 24 de febrero con la intención de ratificar las autoridades elegidas el año pasado y reemplazar a la renunciante secretaria Administrativa, María Laura Izzo, por el empresario cordobés Emilio Viramonte, quien ocupó el casillero de asesor político que quedó vacío tras la salida del diputado Guillermo Montenegro del entorno de la vicepresidenta.
Esa falta de número también conspiró para que se pudiera concretar la sesión especial pedida por el oficialismo. Para sancionar el proyecto de ley de ficha limpia se requiere el apoyo de la mitad más uno del total de los miembros del Senado (37 votos), una cifra que la iniciativa no tiene asegurados.
Sin un acuerdo político del Gobierno con otras fuerzas políticas a la vista, ambos candidatos corren serio riesgo de ser rechazados en el caso de que sus postulaciones sean expuestas al escrutinio del recinto de la Cámara alta. Tal como los establece la. Constitución Nacional, para convertirse en jueces de la Corte se necesita el apoyo de los dos tercios de los presentes.
Hasta el momento, ninguno de los dos postulantes alcanzaría esa mayoría agravada. El más complicado es García-Mansilla, que ya juró como juez de la Corte y que siempre contó con el rechazo de la gran mayoría de la bancada de Unión por la Patria por su perfil conservador.
El caso de Lijo es más complejo, aunque por el momento tampoco tendría los apoyos necesarios para llegar al máximo tribunal. Desde el kirchnerismo aseguran que cuentan con más de 20 votos dispuestos a rechazar su pliego por haber aceptado ser designado en la Corte por decreto. Si se suman la decena de legisladores de otros bloques que ya han manifestado su oposición a darle su voto, el juez federal tendría cerrada la puerta de entrada al tribunal de manera definitiva.
