El magistrado había ordenado que el Ministerio de Seguridad se abstenga de participar en el “operativo de seguridad pública” de las marchas de jubilados que tienen lugar los miércoles frente al Congreso. La ministra calificó de “indebida e ilegal” la decisión, denunció por “mal desempeño” al juez y anticipó que no acatará el fallo.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, denunció por “mal desempeño” a Roberto Andrés Gallardo, el juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la ciudad de Buenos Aires que dispuso que las fuerzas federales no intervengan en la marcha de los jubilados del próximo miércoles 9 de abril.
La presentación fue realizada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por Fernando Soto, director de Legales de la cartera de Seguridad. El escrito cuestiona que la resolución de Gallardo “no se basó en un caso concreto ni en sucesos pasados, ni en un hecho controvertido, sino en una situación futura e hipotética” y adelanta que “no acatarán la medida”.
También califica como “indebida e ilegal” su intervención, basada únicamente en su subjetiva y parcial interpretación de los hechos, esforzándose para adecuarlos a sus intereses ideológicos en violación de la ley.
El juez denunciado actuó tras aceptar este lunes el planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) para que el Ministerio de Seguridad no intervenga en la protesta convocada para mañana.
Los gremios habían pedido una medida cautelar para “intimar al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización” y para que “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.
En el fallo, el juez Gallardo consideró que “no se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional”. “Es una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública”, señaló.
Para el magistrado “el riesgo invocado -lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”.
Sin embargo, la ministra Bullrich planteó que la decisión del juez “excede las competencias de la justicia porteña” y que “la responsabilidad que alega se refiere a las acciones de seguridad ciudadana, no así a la protección constitucional deber de las Fuerzas Federales”.
“No intervenir implicaría declinar las Misiones y Funciones de Seguridad del Estado Nacional asignadas por el Presidente de la Nación, como lo son ‘entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna; en la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, argumentó la cartera.
