El Concejo Deliberante de Colonia Elisa resolvió este viernes la expulsión de Fernando Romero, concejal de La Libertad Avanza, tras un grave incidente de maltrato animal que resultó en la muerte de un perro pitbull de un vecino. La decisión se tomó con cuatro votos a favor y dos en contra, luego de que una comisión investigadora determinara que la conducta del funcionario era "incompatible con el ejercicio del cargo".

La medida se fundamentó en la violación de la Ley Nacional 14.346 de protección animal, la Constitución Provincial y la Ley 854-P, que regula las responsabilidades de los funcionarios públicos.

El hecho que desató la controversia ocurrió la noche del 14 de mayo. Un vecino de 29 años, M.S.E., denunció que su hija de 9 años encontró a su perro, "Roco", gravemente herido en el patio de su casa, con lesiones punzantes que le causaron la muerte poco después.

El ataque y la defensa del concejal

Según las versiones, el incidente fue el desenlace de una pelea entre "Roco" y "Simón", el perro de Romero. Ambos animales ya habían tenido enfrentamientos previos debido a la falta de cercos perimetrales entre las propiedades.

Romero no negó su intervención, argumentando que actuó para defender a su familia. En su versión, el pitbull ingresó a su patio y atacó a su perro mientras sus hijos cenaban, lo que lo llevó a tomar un palo roto con el que hirió al animal. En un extenso descargo en redes sociales, el ahora exconcejal aseguró que el resultado fue más grave de lo que pretendía y que no fue su intención inicial, además de recordar que había advertido a su vecino sobre la agresividad de "Roco".

A pesar de su defensa, el relato que prevaleció institucionalmente fue el del denunciante, quien también hizo pública su versión: "Parece que yo soy el violento, pero fue él quien lo atacó. Mi perro fue apuñalado tres veces", afirmó el joven a medios locales, aunque admitió la responsabilidad compartida por la falta de cerramientos.

El episodio generó gran conmoción en Colonia Elisa, una pequeña comunidad donde el caso tuvo fuerte repercusión. Organizaciones proteccionistas también se sumaron al reclamo de sanciones y cuestionaron la conducta de un funcionario público.

Más allá del avance de la causa judicial, el Concejo Deliberante resolvió que la conducta de Romero era inaceptable para un concejal. Ya se prepara la jura de su reemplazante. El caso ha reavivado el debate sobre la tenencia responsable de mascotas y el alcance de las responsabilidades políticas en conflictos vecinales.