Este miércoles 18 de junio, la expresidenta Cristina Kirchner comenzará a cumplir su condena por la causa Vialidad. Sin embargo, persisten las incógnitas sobre si se le concederá la prisión domiciliaria y si esta autorización llegará antes de su presentación en los tribunales de Comodoro Py. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) maneja el caso con extremo hermetismo.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola deberán presentar este martes un escrito a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, opinando sobre los beneficios solicitados por la defensa de la exmandataria. Entre las peticiones figuran la prisión domiciliaria en su departamento de San José 1100 (Constitución), y la posibilidad de seguir expresándose en redes sociales y salir al balcón. En principio, los jueces no tomarán una decisión hasta el mismo miércoles.

El Gobierno nacional de Javier Milei ha optado por mantener un perfil bajo y evitar cualquier declaración oficial sobre el proceso judicial de Cristina Kirchner. El presidente Milei ha bajado una línea clara a sus funcionarios: no emitir posicionamientos ni interferir en las decisiones judiciales.

"Que la Justicia haga lo que se le cante las pelotas. Somos el Poder Ejecutivo. Nos hemos mantenido al margen de todo el proceso y no interferimos para nada en la Justicia", declaró una altísima fuente de la Presidencia a Infobae. Esta postura se alinea con las afirmaciones previas de Milei en Israel, donde aseguró ser "el primer presidente que no interfiere con la Justicia", lo que, según él, permite que esta "actúe con celeridad".

Cabe destacar que la cuenta oficial de la Oficina del Presidente (@OPRArgentina) no emitió ningún comunicado sobre el fallo de la Corte Suprema, limitándose a informar sobre la agenda del mandatario en Israel. Las menciones al caso por parte de Milei en sus redes personales también fueron escuetas, enfocándose en la "Justicia" y desmintiendo supuestos pactos con el kirchnerismo. El Presidente insiste en que su único objetivo es su programa de reformas y que respeta la República al no inmiscuirse en asuntos judiciales.

El único funcionario que se pronunció fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien, si bien reiteró que la decisión "le corresponde a la Justicia", sugirió que ciertas condiciones de la domiciliaria (como la posibilidad de comunicarse o salir al balcón) podrían generar "molestia en el barrio".

Operativo de seguridad y argumentos de la defensa

Tras conocerse el fallo de la Corte, el TOF 2 solicitó al Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich (con un historial de enfrentamientos con CFK), un listado de establecimientos federales para el alojamiento de Cristina y los otros ocho condenados en la causa Vialidad. El informe fue entregado el miércoles pasado y se mantiene en estricta reserva.

Cristina Kirchner anunció este fin de semana que se presentará en Comodoro Py el miércoles. Aún se desconoce la dinámica de la caravana que la acompañará. Altas fuentes del Ejecutivo habían manifestado previamente su deseo de no "montar un show", evitando imágenes que pudieran considerarse indignas o provocativas. No obstante, se espera una movilización masiva convocada por referentes del PJ, intendentes y dirigentes sociales y gremiales, lo que podría paralizar el microcentro porteño y la zona de Retiro. El operativo de seguridad ya está siendo coordinado entre el Ministerio de Seguridad Nacional y las autoridades de la Ciudad.

La posibilidad de la prisión domiciliaria es un punto central para la defensa. Gregorio Dalbón, abogado de la expresidenta, afirmó a Infobae que una negativa sería una "violación a diferentes estándares de raigambre constitucional". Dalbón citó el artículo 10 del Código Penal (edad, salud o contexto familiar), el artículo 32 de la Ley 24.660 (análisis humanitario y proporcional), y el principio de convencionalidad del fallo "Gelman vs. Uruguay", que impide ejecutar una pena en condiciones que afecten la integridad física, psíquica y simbólica de quien "ya fue víctima de un intento de magnicidio y objeto de una persecución judicial sistemática".

"La negativa a conceder la prisión domiciliaria a CFK, además de jurídicamente insostenible, implicaría un acto de crueldad institucional que podría derivar en una reacción social de incalculable magnitud. No se trata solo de legalidad: se trata de evitar un estallido que afecte la gobernabilidad democrática. La prisión domiciliaria, en este contexto, no solo es lo jurídicamente correcto. Es lo democráticamente indispensable”, sostuvo Dalbón.

Por su parte, Carlos Beraldi, otro de los abogados de Cristina, indicó: “Ese día se va a presentar y, en base a lo que el Tribunal resuelva, volverá a su casa si tiene un arresto domiciliario. O tendrá que ser alojada en alguna de las instituciones federales que Patricia Bullrich eligió”. Un equipo del Ministerio Público Fiscal ya determinó que el departamento de la expresidenta es apto para vivir.

Una posible resolución que evitaría la presentación física de Cristina en Comodoro Py sería que Gorini convalide la domiciliaria y determine que pueda cumplir la pena de forma remota, por ejemplo, mediante Zoom. Esto reduciría posibles focos de fricción entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Sin embargo, todo depende del informe preliminar de los fiscales Luciani y Mola.