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El diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, anunció hoy que presentará una demanda formal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presunta violación a la Ley de Inteligencia. La acusación surge a raíz de las requisas y controles de identidad realizados por fuerzas federales a manifestantes que se dirigían a la movilización en defensa de la expresidenta Cristina Kirchner. (Foto gentileza Diario Puntal)

Moreau, junto a otros legisladores del bloque opositor, radicará la denuncia ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. Según detalló el dirigente kirchnerista, la demanda se fundamenta en la orden de la ministra a las fuerzas federales de "no sólo requisar, sino también copiar las listas de pasajeros y fotografiar los documentos de quienes venían desde el interior a la marcha".

El legislador alertó que la medida constituye un intento de Bullrich de "construir una base de datos sobre la adhesión o pertenencia de ciudadanos a partidos políticos", una acción que, según su interpretación, "está expresamente prohibida" por la legislación vigente.

Moreau enfatizó que esta acción representa "un paso más en la deriva autoritaria que ella conduce", y recordó que la Ley 25.520 (Ley de Inteligencia) prohíbe taxativamente obtener datos de las personas por opiniones políticas o por pertenencia a organizaciones partidarias. En efecto, el Artículo 4° de dicha ley, sancionada en 2001, establece que ningún organismo de inteligencia podrá "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Desde la madrugada de este miércoles y hasta horas de la tarde, se registraron intensos operativos de requisa de pasajeros de micros en rutas y accesos a la Capital Federal, sumado a controles de identidad en estaciones de trenes, lo que generó el reclamo y la posterior denuncia de la oposición.