Una nueva controversia legal envuelve al gobierno de Javier Milei por la licitación para ampliar la capacidad del ex Gasoducto Néstor Kirchner, ahora rebautizado Perito Moreno. La polémica surge de la decisión de incorporar un mecanismo de ajuste tarifario basado en un índice de inflación de Estados Unidos, una medida que, según denuncias, contraviene leyes vigentes en Argentina.
La obra, que contempla una inversión privada de unos u$s 500 millones, prevé una expansión de 14 millones de metros cúbicos diarios (MM3D) de capacidad de transporte, con una ampliación adicional posible de hasta 6 MM3D. La iniciativa, promovida por TGS (Transportadora de Gas del Sur), la posiciona como la gran candidata para quedarse con el proyecto, gozando de una doble ventaja licitatoria por haberlo diseñado.
La Dolarización de Tarifas Bajo la Lupa
La denuncia de "irregularidad e ilegitimidad" fue presentada por Walter Martello, ex interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y actual Defensor del Pueblo Adjunto General de la Provincia de Buenos Aires. Martello cuestiona la inclusión de una cláusula de revisión y redeterminación de la tarifa de transporte de gas basada en el índice PPI (Producer Price Index) de Estados Unidos.
Según la presentación elevada a la Secretaría de Energía, esta medida "implicaría una eventual inconstitucionalidad y una violación del principio de legalidad derivada de la utilización de índices extranjeros como mecanismo de ajuste en contratos celebrados bajo el régimen de derecho público". Martello argumenta que la indexación en moneda extranjera está prohibida por normas de orden público económico y que el mecanismo carece de justificación técnico-económica. Esto podría derivar en "traslados de costos" a los usuarios residenciales ante fluctuaciones inesperadas de un índice ajeno a los costos nacionales.
El ex titular del ENRE advirtió que la utilización de un índice extranjero "podría ser calificada en sede judicial como un acto nulo de nulidad absoluta e insanable por contrariar normas prohibitivas de orden público", citando el artículo octavo de la Ley 25.561, que explícitamente anula cláusulas de ajuste en dólar o divisas extranjeras y las basadas en índices de precios de otros países en contratos de la Administración Pública.
TGS, la Favorecida en la Carrera
Mientras se espera la postura de las autoridades de Energía respecto al índice de ajuste, diversas constructoras locales y empresas de ingeniería se preparan para la presentación de ofertas, agendada para el 7 de julio. Aunque el grupo Techint y otras empresas como BTU, Contreras Hermanos SA, Esuco, Vertúa y Panedile podrían presentarse, TGS parte con una ventaja significativa.
El contrato en disputa abarca la ampliación del gasoducto que conecta Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), y la instalación de cinco plantas compresoras para aumentar la capacidad de transporte de 21 MM3D a 35 MM3D en menos de dos años.
El gobierno mileísta ha flexibilizado los requisitos económicos y técnicos para atraer más oferentes, reduciendo el patrimonio neto exigido a u$s 40 millones y el total de activos a u$s 80 millones. También se disminuyó la experiencia requerida en operación y mantenimiento, y la garantía de mantenimiento de oferta se fijó en u$s 5 millones.
La empresa o consorcio que gane la licitación operará el gasoducto durante 15 años, con el compromiso de cobrar la menor tarifa de transporte que le permita recuperar inversiones y obtener un "retorno razonable". Se estima que la ampliación del gasoducto generará un beneficio de más de u$s 700 millones anuales en la balanza comercial y un ahorro fiscal de unos u$s 567 millones, principalmente por la sustitución de importaciones de GNL y combustibles líquidos durante los meses de invierno.
