El presidente Javier Milei apuntó duramente contra los gobernadores provinciales, acusándolos de no ajustar el gasto público y de "frenar el cambio" que impulsa su gobierno. La declaración la hizo durante un evento de recaudación de fondos en el Yacht Club de Puerto Madero, donde se reunió con decenas de empresarios.
El discurso de Milei, de casi una hora de duración, fue uno de los más políticos que ha dado recientemente y reveló su estrategia frente a los gobiernos provinciales. Si bien su alusión a la oposición como "parásitos mentales" captó la atención, el mensaje central fue una clara advertencia a los mandatarios provinciales.
Críticas al gasto provincial y llamado al "cambio profundo"
Milei hizo un balance de su gestión y celebró la baja de la inflación, pero advirtió que aún quedan "problemas acuciantes" por resolver, señalando directamente al "Estado del Estado", es decir, a las administraciones provinciales. Las calificó de "calamitosas" y urgió a implementar reformas.
"Nosotros podemos hacer cambios profundos en la Administración Pública Nacional, pero las provincias explican una parte importante del gasto público y la presión regulatoria asfixiante que enfrenta el sector privado", afirmó el presidente.
El mandatario recordó que hace un año, muchos gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, comprometiéndose a reducir el gasto público al 25% del PBI. Sin embargo, denunció que "ninguno de ellos hizo el ajuste pertinente, faltándole el respeto a la sociedad".
En este contexto, Milei enfatizó la necesidad de llevar el modelo libertario a cada elección local: "Es imperante llevar el cambio a las provincias, que hoy son la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse y seguir exprimiendo los bolsillos de la ciudadanía, y es el mejor ejemplo de cómo –desde el poder local– algunos buscan boicotear el cambio nacional".
La respuesta silenciosa de las provincias y el riesgo del conflicto
Las declaraciones de Milei cayeron muy mal entre los gobernadores, tanto aliados como opositores. Aunque ninguno se pronunció públicamente, varias provincias difundieron datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Estos informes mostraron que la presión tributaria como porcentaje del PBI se mantuvo estable en 2023 y 2024, pero con una diferencia clave: la presión provincial disminuyó del 5,1% al 4,8%, mientras que la nacional aumentó del 22,8% al 23%. El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, lo resumió en X: "los datos son nobles, la manipulación está en los relatos".
La relación entre el Gobierno nacional y las provincias atraviesa un momento de alta tensión. El reciente acuerdo entre los 24 gobernadores para modificar el régimen de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y el impuesto a los combustibles líquidos, con el fin de distribuir parte de la recaudación entre las provincias, es una clara señal de esta unidad. Esta medida fue una respuesta a la falta de soluciones a sus reclamos por mayores fondos y la ejecución de obras de infraestructura por parte de la Nación.
Desde una provincia aliada a la Casa Rosada, reconocen que "los gobernadores se unificaron todos. Es increíble cómo se les dio vuelta la tortilla". En el oficialismo, por su parte, interpretan este comportamiento como una búsqueda de más fondos para las campañas electorales y un enojo por la incursión del partido La Libertad Avanza (LLA) en sus distritos.
Internas en LLA y el impacto en el Congreso
La consolidación de La Libertad Avanza como partido nacional busca ganar terreno en cada provincia. Sin embargo, esto también genera fricciones internas en el oficialismo. La "empresa" libertaria tiene dos ramas principales: la administración gubernamental, liderada por Santiago Caputo, y la partidaria, en manos de Martín y Eduardo "Lule" Menem.
Ambos sectores mantienen diferencias de criterio. El sector de Caputo se preocupa por el rol de LLA en las elecciones provinciales, temiendo que rivalizar con los gobernadores pueda costar el apoyo legislativo necesario para las reformas de Milei en el Congreso. Acusan a los Menem de generar quiebres en los vínculos con algunos mandatarios. Por su parte, el sector de los Menem desmiente estas acusaciones y asegura que Martín Menem mantiene un trato fluido con varios gobernadores.
A pesar de estas internas, el presidente Milei no diferencia entre ambas posturas. Sin embargo, la dureza de sus términos sorprendió incluso a las provincias aliadas. "Entre los Menem y estos comentarios del Presi se les va a complicar juntar los soldados para sostener el veto", comentó una provincia cercana al gobierno, reflejando una preocupación compartida.
El riesgo de un veto presidencial vulnerado
La relación con gobernadores como el tucumano Osvaldo Jaldo, que antes se mostraba afín a los libertarios y había sido clave para blindar vetos presidenciales el año pasado, se ha deteriorado notablemente. Muchos dudan que el apoyo se repita este año si Milei veta los aumentos jubilatorios.
El bloque de 87 diputados que aseguró el veto al financiamiento jubilatorio también incluye a legisladores del PRO y "radicales con peluca". Algunos de ellos, como Mariano Campero y Martín Arjol, tienen intereses propios en juego que pueden dificultar su alineamiento con el oficialismo.
En el Congreso, se estima que se necesitarían 75 votos para ratificar un veto negociando ausencias, pero reconocen que "está muy complicado". El Gobierno no descarta la posibilidad de que la oposición vulnere un veto presidencial e imponga proyectos que, según el Palacio de Hacienda, significarían un gasto adicional del 1,8% del PBI. Esto tendría un impacto "pésimo" en los mercados, aumentando el Riesgo País y complicando el refinanciamiento de la deuda, un escenario no deseado antes de las elecciones nacionales. Pese a todo, el Gobierno insiste en que el déficit cero no se negocia: "Llegado a ese escenario pesimista, la plata la vamos a conseguir".
