Los bloques del MPN, Siempre, UP-FR, FRIN, FNN, Juntos y el diputado Mansilla (FT) presentaron un proyecto para autorizar al Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por un monto de hasta 12.800 millones de pesos, que sean contraídas o cuya emisión se realice durante 2021 o en ejercicios futuros, mediante los mecanismos o instrumentos financieros que juzgue más apropiados, y las operaciones podrán realizarse en pesos o su equivalente en dólares u otras monedas.

El articulado especifica que los fondos provenientes del producido de las operaciones realizadas conforme dicha autorización se destinarán a los gastos y costos de las operaciones, y a financiar los mayores gastos en las partidas presupuestarias, incluidas las partidas de personal, que se generen a partir del Acta Conciliatoria firmada en abril de este año entre el Poder Ejecutivo y las asociaciones representantes de trabajadores de la Administración Pública provincial. El texto indica, además, que se podrán atender asimismo los requerimientos de asistencia financiera que efectúen los municipios para afrontar incrementos salariales, en pos de sostener el normal funcionamiento del Estado y la prestación de sus servicios.

A la vez, determina que, a los efectos de instrumentar las operaciones de crédito público autorizadas por la norma, se podrán afectar en garantía, ceder en pago y/o en propiedad fiduciaria, los fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos y/o las regalías hidroeléctricas, de petróleo y de gas, y el canon extraordinario de producción y/o los recursos propios de libre disponibilidad.

Por otro lado, se exime de todo impuesto o tasa provincial a la emisión, comercialización, recupero, rentabilidad y todo acto vinculado a las operaciones de crédito público en cuestión, al tiempo que se faculta al Poder Ejecutivo a disponer las reestructuraciones, modificaciones o reasignaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la ley.

Los fundamentos indican que, con el fin de mitigar los efectos que la pandemia ha generado en la economía de los trabajadores y las trabajadoras, el gobierno provincial acordó, en una primera instancia, un incremento salarial para los primeros meses del año, con vistas a reunirse nuevamente a mediados de año para evaluar nuevas pautas salariales para el segundo semestre.

“No obstante, los esfuerzos del Estado Provincial por satisfacer las demandas salariales de los distintos sectores, en un contexto sanitario que aún no consigue salir de la emergencia y los efectos de la pandemia por COVID-19, se convocó a un paro por tiempo indeterminado, en el marco de una serie de reclamos gremiales específicos”, añaden más adelante los legisladores y las legisladoras.

En ese marco, y a fin de dar solución a la situación de conflicto que atravesó la provincia, el gobierno y las asociaciones representantes de trabajadores de la Administración Pública provincial acordaron un nuevo incremento salarial que anticipa la discusión salarial prevista para el mes de julio, y llega a un aumento del 53,09% en el sueldo básico para todo el período incluido, cuya vigencia finaliza en diciembre de este año.

Agregan que desde el Ministro de Economía e Infraestructura se brindaron las respuestas y la información pertinente que justifican la necesidad de la sanción de la ley para obtener los recursos suficientes para solventar los mayores gastos salariales, así como las necesidades de asistencia financiera que tengan los municipios para hacer frente a los incrementos salariales propios, considerando también las consecuencias generadas por la caída de recursos durante el año 2020, en pos de sostener el normal funcionamiento del Estado Provincial y la prestación de sus servicios.