El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) y la diputada Patricia Jure (FIT) presentaron un proyecto solicitando la renuncia de la Ministra de Educación, Cristina Storioni, “por su responsabilidad en la explosión de la escuela albergue 144 del Paraje Aguada San Roque días atrás”.
La propuesta sugiere, además, la conformación de una Comisión investigadora independiente, con poder para investigar y accesibilidad al proceso judicial, encargada de recabar pruebas e información para el esclarecimiento del hecho y de las responsabilidades. El cuerpo estará integrado por cinco miembros elegidos por el voto directo de los afiliados del gremio ATEN Provincia y cinco de ATEN Añelo; familiares de las víctimas de la explosión, y representantes de los organismos de Derechos Humanos de la región. Dicha comisión podrá designar abogados, peritos y a todo técnico o profesional que considere necesario. Los gastos serán ejecutados por el Poder Ejecutivo.
El martes 29 de junio se produjo una explosión ante una aparente falla en el sistema de gas en la escuela albergue 144 del Paraje Aguada San Roque. El hecho implicó la muerte de dos trabajadores de la empresa contratista que hacía los trabajados de mantenimiento, al tiempo que ocasionó heridas de gravedad a la maestra de la institución que se encontraba en el lugar y que fue alcanzada por el estallido, quien se permanece internada en grave estado.
“Nuevamente hay que lamentar la pérdida de vidas en las escuelas por la falta de mantenimiento, que es responsabilidad del Estado”, aseguran la diputada y el diputado, quienes agregan que año a año los gremios y personal docente reiteran las denuncias sobre “las pésimas condiciones edilicias de las escuelas en la provincia de Vaca Muerta”. En el marco de la pandemia, cuestionan que el gobierno “insiste en volver a la presencialidad mientras las escuelas no están en condiciones”.
Más adelante señalan que el hecho constituye “un crimen social” en tanto se trata de muertes evitables, que son una cruda consecuencia de años de desinversión educativa, por lo que “el Estado es responsable”.
El proyecto de resolución (14474) ingresó por Mesa de Entradas el 30 de junio.
