El diputado Lucas Castelli (Avanzar) presentó un proyecto para solicitarle al Ejecutivo Nacional que el Ministerio de Seguridad establezca los protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad a fin de “darle fin a la clandestinidad, persecución y criminalización” de quienes están debidamente inscriptos en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).

El legislador informa que la ley 27350 creó el Registro en cuestión y que el año pasado se firmó el correspondiente decreto reglamentario (883-2020). Sin embargo, agentes de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial desconocen el alcance de la norma que permite la inscripción al registro de los pacientes que acceden, a través del cultivo controlado, a la planta de Cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. Tal es así, que ha sucedido que personas debidamente inscriptas en el registro fueron judicializadas bajo aplicación de la ley 23.737, que contempla de cuatro a 15 años de prisión a las personas que lleven a cabo las acciones sin autorización o con destino ilegítimo. Sin embargo, las personas inscriptas en el registro obtienen su autorización y el reconocimiento del destino legítimo, pero la confusión persiste.

El proyecto de comunicación (14593) ingresó por Mesa de Entradas el 24 de agosto.