Al retomar este martes su alegato en el juicio que se sigue a la vicepresidenta y otros doce imputados, el fiscal federal Diego Luciani sostuvo que en la provincia de Santa Cruz hubo un "direccionamiento grosero inadmisible" a favor de empresas de Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública vial nacional entre 2003 y 2015.

"Hubo un direccionamiento grosero, inadmisible, a favor de Báez", dijo Luciani en el segundo día de alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el marco del juicio por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

Si bien en esta etapa es obligatorio para los imputados presenciar el alegato, la Vicepresidenta fue autorizada por el Tribunal a no conectarse este martes y el próximo viernes a la plataforma Zoom por motivos de agenda parlamentaria en el Senado Nacional.

La fiscalía retomó pasadas las 8.30 el alegato, luego de haber anticipado el lunes, en la primera jornada, que acusará por supuesta asociación ilícita y defraudación a los 13 imputados y su exposición se extenderá durante la tarde.

En la segunda de las nueve audiencias que tiene previstas, el fiscal centró su atención en lo ocurrido en Santa Cruz desde 2003, con el dictado de normas y la firma de convenios entre Vialidad Nacional y provincial que según él "fueron relevantes para la maniobra".

"Está todo ahí, en los expedientes, por eso decimos que los expedientes hablan, gritan”, afirmó Luciani.

“Una administración sana y eficiente está obligada a adjudicar la obra a la empresa que hace la oferta más conveniente, no al empresario amigo. Nosotros vamos a ver que en 47 de las 51 obras que analizamos esta función la debió cumplir la comisión de estudio de preadjudicación de Santa Cruz. Nos encontramos en condiciones de asegurar que nunca se hizo un análisis real serio y detenido. La enunciación de unos casos burdos que vamos a explicar ahora bastará para explicar y graficar esto. Se actuó con rapidez, con celeridad, en el proceso de licitación. No solo las licitaciones eran una ficción, sino todo lo que pasaba después”.

“Es muy fácil deducir que no había competencia. Competían solo las empresas de Báez entre sí. Debieron haber impedido llevar adelante esta licitación de esta manera y desechar la oferta porque no había una verdadera competencia. Una vez adjudicada la obra a Gotti se la cedió a Austral Construcciones, burlando todos los principios de la licitación pública. Se lo cedió sin más y la administración lo permitió”, agregó el fiscal.