Para la defensa del exsubsecretario de Obras Públicas, la acusación es inconsistente ya que no realizó "una descripción precisa" de los presuntos delitos. La vicepresidenta pedirá exponer en forma virtual.
El juicio en la "causa Vialidad" por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz concluyó esta semana con reclamos de absolución para 2 de los 13 acusados, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsubsecretario de Obra Pública Abel Fatala y se reanudará el lunes próximo con el alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy expondrán su alegato final los próximos lunes y martes ante el Tribunal Federal Oral 2 y en la tercera audiencia destinada a su defensa, el viernes 23, se prevé que la Vicepresidenta haga uso de la palabra a través de la plataforma virtual Zoom, confirmaron a Télam fuentes.
En tanto, la defensa del exsubsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo, Abel Fatala, reclamó este viernes su absolución y cuestionó a la fiscalía del juicio por la causa Vialidad por omitir realizar una "descripción precisa" de los hechos en base a los cuales pidió una condena a 4 años de prisión.
Además, en su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2, el abogado de Fatala, Lucio Simonetti, remarcó que su cliente no era, como dijo la fiscalía, un "hombre de confianza" del fallecido expresidente Néstor Kirchner.
La exposición de la defensa de Fatala comenzó a las 9.30 de manera presencial y concluyó poco antes del mediodía, en un alegato que fue seguido en la sala de audiencias por los jueces del TOF y de manera virtual por las restantes partes.
La defensa de Fatala sostuvo que "no se está juzgando un hecho cometido de manera activa, sino que se le imputa una omisión, no haber cumplido con sus funciones".
El abogado del exfuncionario consideró que la fiscalía en su alegato no hizo "una descripción precisa de qué fue lo que Abel Fatala no habría cumplido" y además afirmó que la Subsecretaría de Obras Públicas no tenía poder de control sobre la Dirección Nacional de Vialidad.
"La Subsecretaría de Obras Públicas no tenía competencia para inmiscuirse en todo lo que sucedía en la Dirección Nacional de Vialidad, es la clave para entender la situación de Fatala y los demás Subsecretarios", dijo además.
El abogado dijo también que "no había ningún tipo de norma que establezca cómo debía realizarse dicho control" y reclamó la absolución.
En base al cronograma elaborado por el TOF2, el lunes próximo se iniciará el alegato de la defensa de la Vicepresidenta, a quien la fiscalía pidió condenar a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta.
Para el próximo viernes, la expresidenta resolvió hacer uso de la palabra en esta etapa en su calidad de abogada y en ejercicio de su derecho a defensa ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
El lunes y martes pasado, la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido reclamó su absolución, cuestionó la acusación de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola y argumentó que un Gobierno elegido por el voto popular no puede ser considerado una "asociación ilícita", como postuló la acusación.
Por otro lado, la defensa del exministro de Planificación recusó al integrante del Tribunal Giménez Uriburu por haber interrumpido su alegato para dar una explicación vinculada a las razones por las que en una de las audiencias exhibió un mate con el logo del equipo de fútbol amateur "Liverpool".
Este equipo que integraba el juez junto al fiscal Luciani disputó partidos en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri.
La defensa de Cristina Fernández recusó al juez y al fiscal pero el planteo fue rechazado y ahora está pendiente de resolución un recurso de queja en la Cámara Federal de Casación.
La defensa de De Vido, por su parte, recusó esta semana a Giménez Uriburu por supuesto temor de parcialidad, algo que está pendiente de resolución.
De Vido tiene un pedido de diez años de prisión por parte de la fiscalía en el juicio en el que se debaten supuestas irregularidades con la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz a empresas del también acusado Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
Los alegatos de las defensas comenzaron el lunes 5 de septiembre pasado y durante la primera semana pidieron la absolución los abogados de tres ex funcionarios de Vialidad provincial y nacional que trabajaban en Santa Cruz, Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich.
