El gobierno de Javier Milei habilitó nuevamente la exportación de chatarra y residuos metálicos, una actividad que estaba prohibida desde 2009. El anuncio fue realizado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien calificó la restricción como una medida “nociva” para el mercado y el reciclaje. (foto ilustrativa)

“Esta prohibición era nociva por varios motivos. Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse). En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición. Esta norma beneficiaba a los procesadores de dicha chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos”, argumentó el ministro.

La normativa original, implementada en julio de 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tenía como objetivo fortalecer la industria siderúrgica local, que utiliza chatarra como insumo para la producción de acero y consideraban la medida como “necesaria” por “la falta de un abastecimiento fluido de estos materiales en el mercado interno, lo que afectaba la competitividad de las empresas locales”.

La norma, que rigió hasta ahora y fue renovada sucesivamente durante los mandatos de Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023), buscaba “mejorar no sólo la competitividad de las empresas metalúrgicas sino también la de todas aquellas industrias a lo largo de la cadena de valor que requieren de acero, cobre y/o aluminio para su producción”.