Es por el caso donde un mozo que atendió a la ministra publicó un mensaje en redes sociales, señalando: “Tengo la posibilidad de envenenar a la policía, a nuestra ministra y al puto presidente genchiiiiii”.
Por pedido del fiscal del caso Adrián De Lillo, la investigación que inició el Ministerio Público Fiscal (MPF) en Villa La Angostura por el delito de intimidación pública hacia la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue derivada al ámbito de la Justicia Federal.
Ayer, durante una audiencia realizada en Villa La Angostura, el fiscal del caso planteó que el caso debe continuar en la justicia federal, con el argumento de que existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica qué ámbito debe investigar el delito de intimidación pública.
“Siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la determinación de la competencia en los delitos de afectación pública, se debe tener cuenta si ha habido afectación a un funcionario del Estado nacional. Y en este caso entendemos que sí, porque en el evento estaba la ministra de Seguridad de la Nación”, afirmó. Otro aspecto que señaló fue que “evidentemente existió afectación a la seguridad pública”, destacó.
El fiscal del caso indicó que, “teniendo en cuenta estos dos aspectos, nos inclinamos por la intervención de la justicia federal. Debe cederse la competencia desde la justicia provincial hacia la federal, puntualmente al juzgado federal de la ciudad de Zapala que es el que tiene competencia territorial”.
La abogada defensora de la persona bajo investigación, no planteó objeciones al requerimiento del fiscal del caso.
La investigación comenzó el 25 de noviembre, alrededor de las 18.30. Un varón que cumplía funciones como mozo de un servicio de catering durante la reunión del Consejo de Seguridad Interior en Villa La Angostura, y de la que participaba la ministra de la Nación, realizó una publicación desde su cuenta de en Instagram: “Tengo la posibilidad de envenenar a la policía, a nuestra ministra y al puto presidente genchiiiiii”.
La publicación fue advertida por personal de la Policía, y el fiscal del caso junto al asistente letrado Ramiro Amaya, solicitaron el allanamiento de una vivienda en cuyo predio estaba parando la persona bajo investigación, en un casilla rodante. Fue detenida, identificada y notificada de que estaba bajo investigación por el delito de intimidación pública.
El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Balderrama, avaló el pedido del fiscal del caso y dispuso remitir el legajo de la investigación al jugado federal de Zapala, y notificar a la persona bajo investigación de lo resuelto.
