El sector de trabajadoras de casas particulares atraviesa su peor momento en la última década, con una destrucción sostenida de puestos de trabajo que supera incluso los niveles de la crisis pandémica. En marzo de 2025, la cifra oficial de empleo registrado en el sector alcanzó su nivel más bajo, reflejando un panorama desolador que se agrava por políticas que desincentivan la formalización.

Desde el inicio de la actual gestión libertaria, se han perdido más de 22.000 puestos en el servicio doméstico. Comparado con el pico de febrero de 2020, cuando superaba los 500.000 empleos registrados, el sector acumula una contracción del 12% (más de 58.000 puestos menos). Esta caída es alarmante en una actividad que ya padecía un 77% de informalidad.

Políticas que agudizan la crisis: menos registro, más vulnerabilidad

La situación se complejiza con la eliminación de las multas a empleadores por no cumplir con la contratación formal, una medida incluida en la reforma laboral de 2024. Este desincentivo al registro se suma a que las trabajadoras de casas particulares perciben, en promedio, los salarios más bajos de la economía.

Además, se eliminó el programa nacional "Registradas", que buscaba promover la formalización en el sector, y el fin de las moratorias jubilatorias dejó sin acceso a un haber a más de un millón de empleadas domésticas que, a pesar de trabajar a tiempo completo, no logran acumular los aportes suficientes.

Un golpe a las familias más vulnerables

Las trabajadoras de servicio doméstico se concentran en los deciles más pobres, muchas de ellas jefas de hogar con hijos. De hecho, una de cada tres jefas de hogar en esta situación tuvo que endeudarse para llegar a fin de mes recientemente. Este escenario se da en un contexto donde el empleo formal general no muestra signos de mejora, y el poder de compra del ingreso promedio acumula tres meses de caída.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a marzo de 2025, el empleo en casas particulares totalizó 441.529 puestos, retornando a niveles de hace diez años (marzo de 2015 registraba 442.000 puestos). Desde agosto de 2023, la actividad está en franco retroceso, y en marzo pasado, el sector representó el 11% del total de empleo destruido ese mes, con un número de puestos similar al de 2012.

La doble carga de las mujeres y la fragilidad de un derecho

Este sector, la segunda actividad con mayor inserción laboral para las mujeres (18% de las ocupadas), enfrenta una agudización de sus ya precarias condiciones. Desde marzo de 2020, sufrieron la pandemia con la pérdida de más de 250 mil puestos, cuya recuperación fue más lenta que en otras actividades. Esto incluso modificó la estructura laboral femenina: de casi 1 de cada 6 trabajadoras empleadas en esta rama a principios de 2020, se pasó a 1 de cada 8 en 2021.

Aunque Argentina logró en 2013 la aprobación de la Ley 26.844, que fijó derechos para el sector y creó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (a diferencia de la mayoría de los países de América Latina donde este empleo es una de las principales actividades laborales), la informalidad persiste: alrededor de 1.500.000 trabajadoras no están registradas en el país (77% del total, según OIT 2025). Esta situación podría empeorar con la actual política económica.

La Visión de los Especialistas: "Un Conjunto de Medidas con Impacto Negativo"

Lucía Cirmi, economista y autora del libro "Economía para Sostener la Vida", analizó la situación "Este modelo económico está achicando la clase media, que es gran parte de la empleadora de las trabajadoras de casas particulares. A la vez, no existen políticas para sostener esas contrataciones, además de que se flexibilizaron las multas por no registración y hubo retrocesos en materia de prestaciones, ya que el empleador no tiene más la obligación de informar a la trabajadora en qué obra social está registrada.

Estamos ante un conjunto de medidas que tienen un impacto negativo no solo en la cantidad de puestos, sino en las condiciones laborales".

Cirmi remarcó las "consecuencias adversas" de la eliminación del programa nacional "Registradas" y la decisión oficialista de poner fin a la doble indemnización para las empleadas domésticas despedidas sin registro (artículo 50 de la Ley 26.844). Esto aumentó su vulnerabilidad, llevándolas a una pérdida sistemática de empleo y peores condiciones de vida: el 75% no tiene descuento jubilatorio y un 73% carece de cobertura de salud por obra social, según datos de Seguridad Social.

En materia de ingresos, el servicio doméstico no solo es la rama más feminizada, sino que concentra los menores salarios. El ingreso promedio mensual de junio, estancado por la falta de novedades paritarias, ronda los $350.000, mientras que la canasta básica alimentaria para una familia de cuatro supera los $500.000. Para dimensionar, un trabajador de Energía, Minería e Hidrocarburos gana más de cinco veces el ingreso promedio de una trabajadora de casa particular, reflejando las mayores dificultades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral formal debido a la doble carga de trabajo no remunerado y la inserción en empleos más informales y peor pagos.