En una audiencia realizada el jueves pasado mediante videoconferencia en la ciudad de Villa La Angostura, el fiscal del caso Adrián De Lillo solicitó el sobreseimiento para los y las concejales Marta Noemí Cicconi, María Eugenia Mesa, Sergio Javier Troche, Walter Luis Espíndola, Ruth Melisa Salamanca y Agustina Vaca Arenaza. No así para el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad cordillerana, Tressens Ripoll, cuyo caso seguirá abierto.

Todos ellos se encontraban bajo investigación por los delitos de desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, en carácter de coautores (artículos 239 y 45 del Código Penal).

La teoría del caso inicial fue que el 15 de enero, a las 07:59, en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa La Angostura, las y los concejales avanzaron en la realización de la sesión del cuerpo, cuando el juez en lo Contencioso Administrativo de Zapala, Matías Nicolini, había dictado una medida cautelar ordenando que la suspendan.

En este contexto, la investigación preliminar que comenzó en febrero de este año y que desarrolló el Ministerio Público Fiscal, estuvo focalizada en responder la hipótesis central del caso: si los y las concejales tuvieron fehaciente conocimiento de la orden impartida por la Justicia contencioso-administrativa.

El fiscal aseguró que “la fiscalía no ha podido corroborar que las y los concejales hayan tenido conocimiento de la orden impartida por el juez, y no ha podido acreditarlos con el grado de certeza que hubiésemos necesitado para pretender pasar a la etapa siguiente, esto es para solicitar un requerimiento de apertura a juicio y debatir la teoría del caso con la prueba suficiente en la etapa de juicio oral y público”.

Los defensores particulares de las y los concejales, adhirieron al pedido de sobreseimiento solicitado por la fiscalía.

El juez de garantías encargado de dirigir la audiencia, avaló el requerimiento de la fiscalía y dictó el sobreseimiento de las y los concejales.

El pasado 8 de julio el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal jefe Fernando Rubio, había adelantado que iba a pedir el sobreseimiento de las y los concejales.

Rubio también adelantó en esa oportunidad que el presidente del Concejo Deliberante, Tressens Ripoll, seguiría siendo investigado por supuestos delitos de desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones (artículos 239 y 45 del Código Penal); e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor (artículos 249 y 55 del Código Penal).