"Serán los padres los que tomen la decisión de enviar sus hijos a la escuela y serán los maestros los que tomen al decisión de volver a la escuela". El abogado Gustavo Palmieri, defensor de Fabio Luna y Patricia Cresatti pidió a la jueza que desestime los cargos que plantean los fiscales y la querella. "No hay ninguna norma que hubiera obligado a estas personas a informar antes de la Resolución 440 a que en esa escuela no se podía volver porque habían una obra en construcción. No hay ninguna norma", dijo el letrado.

Palmieri atacó directamente la hipótesis de acusación de la fiscalía a Fabio Luna, director de Modalidad Rural y a Patricia Cresatti, directora de Nivel Primario del CPE. González Taboada afirma que ninguno de los dos informó que la escuela primaria se encontraba en obra por lo que ese establecimiento escolar no estaba en condiciones de volver a las clases presenciales. Por ello se dictó la Resolución 440 que ordenó que se retome la presencialidad escolar el día 28 de junio y, por ello, el 29 estaba en la escuela la docente Mónica Jara quien falleció días después por las heridas que le dejó la explosión.

Palmieri señaló que "Me dirán ustedes que tiene que ver con la cotidianeidad o con una escala burocrática de toma de decisiones. Pero infracción a una norma que obligaba a estas personas a proceder de este modo yo la verdad, que no la he encontrado", afirmó.

Palmieri pidió también que se quite como prueba las "entrevistas desgrabadas" que se realizaron el año pasado, cuando brindaron testimonio "donde estas personas aportaron información deben ser restituidas a esas personas... Esa información aportada no puede mantenerse en el legajo", señaló. Sobre los cargos, aseguró que la fiscalía "No tiene prueba que la justifique".