Un grave escándalo de corrupción sacude al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), con denuncias que van más allá de los pedidos de "aportes" a funcionarios, tal como reveló la exfuncionaria de La Libertad Avanza (LLA) Viviana Aguirre. Ahora, exautoridades del organismo alzan la voz para denunciar una trama que incluiría la venta de cargos, compras irregulares sin licitación y alarmantes sobreprecios que alcanzarían hasta el 700%.

Según revelaciones exclusivas del medio Ámbito, exfuncionarios del PAMI señalan directamente al actual director del organismo, Esteban Leguizamo, y al subdirector, Carlos Zamparolo, como las figuras centrales detrás de estas presuntas maniobras corruptas. El modus operandi para justificar estas irregularidades sería la utilización sistemática de la "vía de excepción", un mecanismo previsto para situaciones de urgencia que ponen en riesgo la vida de los pacientes, pero que, según las denuncias, estaría siendo empleado de manera fraudulenta.

"Cuando llegamos nos sorprendió que había muchísimos trámites de este tipo. Como soy médico, después de un tiempo me puse a revisar algunos casos y me di cuenta que en la mayoría no había riesgo de vida", declaró al citado medio un exrepresentante de una sede del PAMI en la provincia de Buenos Aires, quien prefirió mantener su anonimato por temor a represalias.

El exfuncionario detalló que "al tratarse de supuestas urgencias, se pagaban sobreprecios de hasta el 700%". La detección de estas anomalías se produjo al encontrar un pedido de biopsia para un tumor benigno, un procedimiento que no reviste carácter urgente, lo que lo impulsó a revisar otras solicitudes. "Pasamos de tener siete pedidos diarios a uno semanal", ejemplificó, evidenciando la magnitud del presunto fraude.

Las acusaciones no se detienen allí. Ámbito también recogió testimonios de prestadores del PAMI que denuncian retenciones indebidas en sus pagos, una práctica que se habría intensificado en los últimos meses. "Son débitos automáticos con conceptos absurdos, así te retienen el 10% de toda la facturación y se repite en cada período con débitos gemelos, es increíble", aseguró una de las fuentes, también bajo anonimato.

Estos prestadores advierten que esta retención del 10% está llevando su rentabilidad al límite, obligándolos a priorizar la atención de otras obras sociales con mejores condiciones de pago. "No hay plata para los jubilados, no hay plata para los médicos, que les pagan $6.800 pesos la consulta. Están tomando al PAMI como una caja política", sentenció un empresario del sector de la salud bonaerense.

La situación se agrava aún más con las denuncias sobre la creciente demanda de atención por parte de los jubilados, quienes encuentran cada vez menos oferta de servicios médicos. "La demanda es incontenible. Son millones de jubilados que no tienen suficiente oferta y te llenan la agenda. Eso estaría bien si se actualizaran los honorarios de acuerdo a la inflación, pero en el último año no paramos de perder: el último aumento de la consulta fue de $270", concluyó el titular de un centro de salud, pintando un panorama crítico para la atención de los afiliados al PAMI.

Este escándalo de corrupción en el PAMI promete generar fuertes repercusiones a nivel nacional y plantea serias interrogantes sobre la gestión de los recursos destinados a la salud de los adultos mayores en Argentina. Se espera que las denuncias presentadas impulsen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.